De Moín a frontera con Nicaragua

66 pueblos viven ‘atrapados’ en finca a nombre de Japdeva

 Alcaldes y pobladores atribuyen a situación retraso en las comunidades

 Proyecto de ley, juicios y proceso de reordenamiento buscan solución

Desde Moín, en Limón, hasta Cureña, en San Carlos (Alajuela), 66 pueblos de 6 cantones permanecen atrapados por una escritura errónea.

Se trata de un documento que desde el 2001 le dio a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) derechos sobre 132.000 hectáreas.

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Están incluidos asentamientos campesinos, fincas bananeras y poblados canaleros, habitados por dueños, poseedores y ocupantes recientes.

Esta situación deja a muchos lugareños sin posibilidad de disponer de sus tierras; a las municipalidades, sin cobro de impuestos y patentes, y a las instituciones estatales, sin capacidad de construir o mejorar obra pública en la zona.

“No nos permite ayudar a escuelas ni meter partidas. No podemos cobrar bienes inmuebles ni milla marítima. Japdeva nació para el desarrollo, pero se ha convertido en el mayor obstáculo”, dijo Edgar Cambronero, alcalde de Siquirres.

Su homólogo de Matina, Lorenzo Colphan, afirmó: “En nada nos sirve, solo nos perjudica. Nosotros queremos desarrollarnos turísticamente, pero no podemos hacerlo”.

El problema se remonta a la ley de creación de Japdeva, de 1963, que en su artículo 41 le otorga “todos los terrenos del Estado situados en el área habilitada por canales navegables, comprendidos en un área de diez kilómetros desde el mar hacia el interior, paralela a la costa y un faja de tres kilómetros de ancho, paralela a ambos lados de los ríos y canales que administre la Junta”.

Leyes posteriores obligaron n a la entidad a trasladar zonas forestales al Minae y zona marítimo-terrestre a las municipalidades. Esas leyes no se cumplieron y el área siguió creciendo en población, sin que la Junta hiciera el reordenamiento.

“Llegó un momento en que Japdeva hizo un plano y se incluyeron áreas que, por mandato de ley, no le corresponden”, reconoció Walter Robinson, actual presidente ejecutivo de la Junta.

Con ese plano, se inscribió la finca del partido de Limón 96658-000.

El conflicto alcanzó tal dimensión, que ahora, como dice Robinson, hay una colección de casos entre escrituras dudosas, legítimas, poseedores y oportunistas.

Intentos. En los últimos años, la desesperación motivó intentos por diversas vías para obligar a Japdeva a dar una solución.

Se planteó un recurso de amparo, que fue rechazado por la Sala Constitucional al considerar que se trataba de un problema de legalidad y no de constitucionalidad.

La Procuraduría General de la República emitió por lo menos 2 pronunciamientos sobre el caso.

También hay un juicio contencioso administrativo planteado por la Municipalidad de Pococí.

En la Asamblea Legislativa se tramita un proyecto de ley que impulsan las fracciones del Movimiento Libertario y de Liberación Nacional.

Esta iniciativa tienen el apoyo de organizaciones comunales, como afirma Asdrúbal Cambronero, uno de los líderes del grupo, quien se involucró porque desea abrir un refugio privado en la zona.

“La solución consiste en que Japdeva anule el folio real para permitir que el Tribunal Agrario resuelva la situación de escrituras e informaciones posesorias”, comentó Cambronero.

Finalmente, está el proceso que Japdeva comenzó hace 2 años, y espera concluir en el 2009, para cumplir con la tarea pendiente: reordenar y acatar las leyes.