125.000 metros cuadrados en Manuel Antonio

ICT autorizó explotación ilegal de bosque del Estado

 Se desconoce si otros planes aprobados incluyeron bosques

 Contraloría ordenó anular plan regulador y determinar posibles responsabilidades

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) aprobó un plan regulador ilegal que permite construir casas y facilidades turísticas en un bosque patrimonio del Estado, ubicado en Playa Pará, Manuel Antonio.

Según la Ley forestal , los terrenos públicos donde hay bosque son patrimonio natural del Estado y no se pueden “permutar, ceder, enajenar de ninguna manera ni entregar ni dar en arrendamiento”.

Aunque la administración de esos terrenos le corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), el ICT no lo consultó antes de aprobar el plan regulador, a finales del 2004.

Poco después de la aprobación del plan, al menos dos empresarios empezaron a hacer obras en el bosque, en un caso sin los permisos respectivos, según consta en expedientes del Tribunal Ambiental Administrativo.

Además, la Municipalidad de Aguirre aprobó dar concesiones por casi 100.000 metros cuadrados del bosque a varios empresarios. Las concesiones nunca entraron en vigencia porque el ICT no llegó a aprobarlas.

El plan regulador abarca 125.000 metros cuadrados de terreno y el Minae considera que la totalidad es bosque.

No obstante, la empresa Deppat, contratada por empresarios interesados en explotar el área, solo consideró la tercera parte del bosque como zona de protección.

Interpretación diferente. El presidente de la firma y exfuncionario del ICT, Alfredo Bermúdez, dijo que él utilizó una definición de bosque diferente a la establecida en la ley.

Tanto Bermúdez como el gerente general del ICT, Allan Flores, justificaron lo ocurrido con el argumento de que en ese entonces se hacía una interpretación de la ley que permitía dar en concesión bosques ubicados en la zona marítimo-terrestre (ZMT).

El bosque de Playa Pará está ubicado dentro de la ZMT, compuesta por los 200 metros de ancho que hay a lo largo de los litorales Atlántico y Pacífico, a partir de la pleamar.

Según Bermúdez y Flores, su interpretación cambió cuando trascendió un dictamen de la Procuraduría de octubre del 2004. Este puso en evidencia que su interpretación de la ley era incorrecta.

“Ni a mí ni a los funcionarios del ICT se nos había ocurrido este pronunciamiento que dice que los bosques no son susceptibles de concesión”, explicó Bermúdez.

El Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU), cuyo visto bueno es un requisito de ley para los planes reguladores, también aprobó el de Playa Pará.

En opinión del presidente ejecutivo , Eladio Prado, la obligación de delimitar las zonas de bosque “rige a partir del 19 de octubre del 2004”.

Tales justificaciones fueron refutadas por el procurador adjunto, Mauricio Castro. “La ley es obligatoria para todos desde su vigencia. Nuestro pronunciamiento es un recordatorio de lo que la ley vincula desde 1996”, afirmó.

La Municipalidad de Aguirre también aprobó el plan y el vicepresidente del Concejo, Osvaldo Zárate, dijo que el municipio creía tener la administración del terreno. Agregó que se pedirán explicaciones al ICT y al INVU sobre la base de sus aprobaciones.

Solamente la empresa Deppat ha hecho unos 100 planes reguladores y el ICT no consultó al Minae antes de dar el visto bueno a aquellos aprobados del 2004 hacia atrás.

¿Más casos? Por ello, la institución desconoce si también aprobó la explotación de otros bosques y qué suerte corrieron.

El ICT, a quien la ley da la responsabilidad de ejercer la “superior y general vigilancia” de la ZMT, tampoco pudo responder una consulta sobre cuántos planes reguladores ha aprobado en total.

La oficina de prensa de la entidad indicó que obtener el dato requeriría hacer “una revisión de expedientes desde hace 30 años”.

Rónald Vargas, director general del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Minae, informó que no se han revisado los planes reguladores previos al 2004, pues los recursos está comprometidos en revisar los planes aprobados o propuestos del 2004 en adelante.

No obstante, el ministro de esa cartera, Roberto Dobles, dijo que se están comprando imágenes satelitales anteriores al 2004, las cuales permitirán saber dónde había bosque y tomar las acciones legales que correspondan.

El gerente del ICT, Allan Flores, manifestó que del 2005 a esta fecha, antes de aprobar un plan regulador, el ICT solicita al Minae determinar si hay bosque.

En el caso de Playa Pará, el Área de Conservación Pacífico Central (Acopac) del Minae advirtió al ICT en enero del 2006 que “todo el sector” del plan regulador era bosque.

No obstante, el ICT dijo necesitar más aclaraciones y no anuló el plan regulador.

Punto final. En febrero pasado, la Contraloría General de la República le ordenó al ICT, al INVU y a la Municipalidad de Aguirre anular la “lámina de zonificación y vialidad” del plan. Además, les ordenó determinar posibles responsabilidades por lo ocurrido.

El ICT y el Concejo Municipal informaron que ya ordenaron iniciar los proceso de anulación, en tanto el INVU solicitó al órgano contralor revocar el informe.