Zona marítimo-terrestre

Contraloría señala deficiencias en el sector costero de Cóbano

 Ente cuestiona a Municipalidad de Puntarenas, que administró esa zona

 Ordenó al Concejo Municipal del distrito de Cóbano mejorar labor sobre el tema

Cóbano, Puntarenas. La Contraloría General de la República reveló “deficiencias en la planificación, administración, vigilancia y protección” de los 4,8 kilómetros cuadrados de la zona marítimo-terrestre (ZMT) de Cóbano.

Según el órgano contralor, apenas 2,58 kilómetros (el 54%) cuentan con planes reguladores o de ordenamiento territorial.

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La ZMT está conformada por los 200 metros, tierra adentro, que se extienden desde el fin de la creciente del mar. La zona está dividida en dos: 50 metros inalienables de playa y 150 metros que se pueden dar en concesión.

El informe DFOE-SM-44-2007 cuestiona el manejo de este asunto por parte de la Municipalidad de Puntarenas, que administró la ZMT hasta diciembre del 2006, en que el Concejo Municipal de Cóbano asumió el control.

Sin embargo, advierte que el Concejo no cuenta con los recursos humanos, financieros ni materiales para ejecutar una eficiente labor de administración.

“La Municipalidad de Puntarenas otorgó, de manera excesiva, permisos de uso de suelos”, señala el documento.

Agrega que, de 400 expedientes analizados, solo 57 (14%) correspondían a concesiones inscritas en el Registro Nacional.

Otros 200 corresponden a permisos de uso de suelo y el resto a solicitudes de concesión (36%).

“Además, se otorgó más de una concesión a sociedades constituidas por las mismas personas físicas”, sostiene el informe.

Consultada sobre esta situación, la alcaldesa de Puntarenas, Agnes Gómez, dijo conocer poco sobre lo ocurrido, ya que su gestión se inició en febrero del 2007.

Otros problemas. En el informe, la Contraloría cuestiona la aprobación de los planes reguladores para la zona marítimo-terrestre.

“La gran mayoría fueron propuestos y financiados por particulares con intereses en esas zonas, y aprobados sin que se encontrara evidencia de su validación por la Municipalidad de Puntarenas y menos por el gobierno local de Cóbano”, señala el texto.

Por otra parte, se determinó que “existen amplios sectores de zona pública invadidos, hay sectores que están siendo aprovechados sin que para ello cuenten con los respectivos planes reguladores”.

Agrega: “Existen lugares que, si bien cuentan con los citados planes, no disponen de la infraestructura básica como agua potable, lo cual es contradictorio con los sanos criterios de planificación urbana”.

Entre las disposiciones están poner a derecho la ocupación ilegal en la zona pública y enviar al Ministerio de Ambiente y Energía los planes reguladores para que se indiquen las zonas afectadas de patrimonio natural del Estado.

También pide revisar y definir criterios para concesiones a personas jurídicas conformadas por las mismas personas físicas. Colaboró Francisco Angulo