Procuraduría y CCSS tras novedoso resarcimiento

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la Procuraduría General de la República (PGR) buscan resarcir al Estado en $135 millones, mediante dos novedosas figuras jurídicas.

Se trata de dos reclamos civiles –independientes del juicio penal– que procuran obtener una compensación por el “daño a persona jurídica” y el “daño social”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

• Más de 300 testigos citados para el juicio del caso CCSS-Fischel

	Imprimir		Recomendar
	Disminuir		Aumentar

Ambas instituciones reclaman que los ocho acusados por este caso respondan en conjunto, y de manera solidaria, para compensar los daños económicos y morales que sufrió la colectividad costarricense.

En el caso de la CCSS, sus abogados defensores impulsan un reclamo para cobrar $15 millones (¢7.500 millones) como compensación por el daño moral que este escándalo de corrupción ocasionó a la persona jurídica que es la Caja.

Además, la CCSS impulsa el cobro de otros $31,2 millones (¢15.600 millones) para compensar los daños económicos y materiales que sufrió.

En Latinoamérica sería la primera vez que una institución recibe una compensación económica de este tipo.

En el caso de la Procuraduría, el reclamo es por $89 millones (¢44.500 millones) para compensar el daño causado a la colectividad costarricense.

Según el Código Procesal Penal, la Procuraduría puede reclamar daño social “cuando se trata de hechos punibles que afectan intereses colectivos o difusos”.

El caso CCSS-Fischel es el primero en el que el Estado intenta obtener un resarcimiento por “daño social”.

Hasta ahora, la Procuraduría ha practicado embargos y decomisos preventivos contra los bienes de los ocho acusados.

Estos embargos, junto con la devolución de dinero que algunos de los acusados han realizado, ascienden a $16,5 millones (¢8.200 millones).