Contratación de servicios médicos externos

CCSS terminará trato especial a cuatro cooperativas de salud

 Caja hará licitación pública y cartel saldría en los próximos meses

 Continúa investigación sobre funcionarios a cargo de los contratos

La Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) dejará de entregarle automáticamente los contratos de servicios médicos a un grupo de cooperativas.

En los próximos meses, la Caja hará un concurso público y esas cooperativas tendrán que competir con otras empresas si desean obtener los contratos de nuevo.

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En 1997, la CCSS entregó a Coopesiba (Barva y San Pablo de Heredia), Coopesana (Santa Ana, San Francisco y San Antonio), Coopesalud (Pavas y Desamparados) y Coopesaín (Tibás), la atención de varias clínicas y EBAIS, y les ha extendido los contratos varias veces, sin que hasta la fecha se haya abierto una licitación.

La Caja decidió abrir el concurso luego de que la Contraloría General de la República reveló que los servicios contratados del 2000 al 2006 resultaron, en general, más caros que los dados directamente por la institución.

Además, la entrega de los contratos, por un total de ¢45.000 millones, se hizo de forma discrecional, pese a recomendaciones legales de que estos debían ajustarse a las leyes de contratación pública.

La Contraloría ordenó a la Caja analizar la conveniencia de los servicios médicos externos y, de ser así, hacer una licitación pública.

Seguir con terceros. Eduardo Doryan, presidente ejecutivo de la CCSS, informó que después de hacer un estudio se decidió continuar contratando a terceros.

Según dijo, para la Caja es más conveniente concentrar los esfuerzos de varios departamentos en crear nuevos servicios que en asumir los que dan contratistas.

Estos atienden a más de medio millón de personas en diversas áreas de salud del país.

Se espera que las empresas o cooperativas que resulten elegidas en la licitación inicien labores en enero del 2009, cuando vencerán los contratos con las cooperativas.

Investigación. La Caja también realiza una investigación sobre la participación de varios funcionarios en aparentes anomalías en la contratación de las cooperativas.

El ente contralor consideró “cuestionable” que los responsables de los contratos esperaran a que estos estuvieran a punto de vencer antes de solicitar autorización para extenderlos.

Ello obligó a la Contraloría a autorizar prórrogas improcedentes, pues la Caja tampoco se preparó para dar los servicios por sí misma.

En junio, el órgano director que realiza la investigación hizo el “traslado de cargos” a los funcionarios involucrados para que estos se defendieran y, en este momento, se encuentra en etapa de resolución.