El ciudadano perplejo

 El ciudadano exige que el poder sea un instrumento de tutela de sus derechos

Abogado y consultor

La democracia, como toda creación humana, puede ser neutralizada, reducida e incluso destruida. Tales efectos negativos pueden venir de tres distintas patologías: (a) el caos –guerra civil, colapso económico o alta inseguridad ciudadana–, (b) el orden vertical –autoritarismo– y (c) la parálisis del Estado –poder disfuncional por excesiva división–. Esta última, la fragmentación del poder, no es negativa por sí misma; lo negativo es que se produzca en un país carente de una estrategia nacional de desarrollo humano ya que es esta estrategia la que proporciona dirección a las decisiones.

El ejercicio legítimo del poder es vital para una democracia y se da cuando los actos de poder se realizan de acuerdo a los mecanismos prerregulados, constitucional y legalmente, y además cuando se manifiestan en un marco de justicia, racionalidad y celeridad. Sin embargo, debido a los insoslayables elementos de ambición, protagonismo y arrogancia humana en los que lo detentan, no todo es positivo en el ejercicio del poder aun cuando sea legítimo. Por ello es crucial que todas las instituciones estén sometidas a controles efectivos que impidan, no solo la ilegitimidad, sino el desvío, el abuso, e incluso un peso desproporcionado de la institución decisora en relación con las otras instituciones del Estado; ahora bien, tampoco es admisible que tales controles lleguen a paralizar la estrategia de desarrollo humano.

Control sobre el poder. Como es fácilmente perceptible, este equilibrio no siempre es fácil de diseñar (Constitución, y debate acerca de la necesidad de su reforma integral) y es aún mucho más difícil de ejecutar (políticas públicas, nuevas leyes, decisiones judiciales, opinión publicada y dinámica democrática). Además de todos esos controles jurídico-institucionales, el ejercicio del poder, en una democracia moderna y evolucionada, requiere ser objeto de permanente observación, análisis y crítica social. Es así como la combinación de ejercicio legítimo de poder, controles efectivos y ciudadanía participante y bien informada, son elementos esenciales de la gobernabilidad democrática.

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Costa Rica, ante diversas experiencias de desvío, o abuso, de poder acontecidas en las últimas décadas, intentó controlarlo mediante su fragmentación. Esta decisión de dividir el poder, incluso dentro de cada una de las funciones tradicionales, representó una fase sutilmente diferente de la clásica división de poderes. Esta concepción del poder fragmentado nos ha introducido en la era de instituciones adolescentes pero poderosas y que, aparentemente, deciden en lejanía del poder tradicional. En este grupo de instituciones destacan la Sala Constitucional, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, Setena y Aresep. Para efectos de este artículo la calificación de alejadas del poder tradicional, o de adolescentes, no tiene que ver con la edad o con la ubicación institucional, sino con un novísimo estilo, poderoso y con vocación expansiva, del ejercicio del poder jurídico-político.

La actual configuración nacional de instituciones con poder pareciera coincidente con nuestra ideología colectiva no confesada, poliárquica y con matices anárquicos. Es así como la fragmentación pareciera un dato de realidad incluyente de legitimidad real y formal, y sin duda, instalada en Costa Rica pero cuestionada por el poder centralizado que propone la reforma del pacto social que nos rige. Lo que comienza a ser cada día más claro, ante la emergencia de nuevos estilos de poder y ante propuestas de reforma constitucional, es que la estrategia nacional de desarrollo colapsó o no pareciera existir. Es por ello que el poder mixto actual, fragmentado y tradicional, al ejercerse, se enfrenta entre sí, y en muchas ocasiones también se enfrenta, con el concepto que tiene la ciudadanía acerca de lo socialmente conveniente o lo popularmente predecible.

Los signos de los tiempos. Para efectos de los ciudadanos los signos de los tiempos, tanto en lo económico como en lo social, no son, precisamente, claros. Las circunstancias son crecientemente confusas: se nos habló de una nueva y vigorosa economía globalizada que paradójica y prematuramente ha entrado en recesión y en crisis financiera. Se nos dijo que la libertad y la igualdad ante la ley eran los principales presupuestos constitucionales y percibimos, con frecuencia, que se crean límites y condicionantes al ejercicio ciudadano de ambos. Se nos educó en el concepto de que la competencia, con base en conocimientos compartidos, era tan importante como la solidaridad; sin embargo, la prensa nos informa a diario acerca de factores limitantes o distorsionantes del fair play. Se nos vendió un Estado transparente y digitalmente cognoscible, y lo que parece brotar, aquí y allá, son secretos y alianzas ocultas. Se nos habló de un Estado de derecho objetivamente definible y socialmente conocido, y este, en la práctica, es lo que un grupo de autoridades, judiciales y ejecutivas, deciden.

En medio de esta confusión, el poder mixto, ya conceptualizado en este artículo, toma, a puerta cerrada, decisiones todos los días, las que muchas veces son contradictorias entre sí y revestidas de alta controversialidad social, jurídica o política. Estas decisiones nos alcanzan a todos e incluyen, dentro de otras, opciones tan diversas como lo oportuno y apropiado de la revisión de los precios de la gasolina, electricidad, agua o telefonía; la legalidad del aborto o de la concepción in vitro; la investigación acerca de la responsabilidad individual ex post de una contratación administrativa que no generó daño al Estado; la declaración de roces con la Constitución de la ley acerca de la violencia doméstica, consultada previamente y en varias ocasiones por el Poder Legislativo al tribunal constitucional; la legitimidad y legalidad acerca del uso caprichoso de medidas cautelares o del criterio de oportunidad en procesos penales; o la constitucionalidad de la política de protección ambiental, la que aparece claramente regulada a nivel legal pero que se cuestiona a nivel constitucional con frecuencia.

Los poderdantes. Concluimos, entonces, que la fórmula que combina al viejo poder con el nuevo poder, además de estar ya legítimamente consolidada y de haber logrado que su ejercicio sea menos susceptible de manipulación por un pequeño grupo, también se pretende revisar mediante una reforma constitucional y además me parece que ha tornado al poder en autista, alejado, errático y en múltiples casos, en un total misterio para el ciudadano. Esta situación nos lleva a pensar que la actual arquitectura mixta del poder jurídico-institucional necesita mucha observación social, mediante indicadores confiables; requiere profundo análisis patriótico y técnico, no partidista, por parte del ciudadano; y, sin duda, amerita un extenso debate popular informado. Además de revisar lo existente, el más importante resultado de tal reflexión habría de ser que los ciudadanos nos ganemos de nuevo la condición de “poderdantes” y superemos el ser considerados simplemente los “administrados”, los “judiciables”, los “votantes”, o los “contribuyentes”.

Ante la actual configuración del poder jurídico-institucional, los ciudadanos reclaman que además de ser verdaderos sujetos de derechos, tales derechos sean predecibles, claros y mucho menos susceptibles de ser modificados mediante interpretación. No parece admisible que el ciudadano sujeto sea reducido por el poder mixto a una entelequia, o sea, a algo irreal, carente de objetivos y de acciones definibles por sí mismo; todo lo contrario, el ciudadano está legitimado a perseguir utilidades calculadas. El cálculo ciudadano es de medio a fin o de insumo a producto. Es así como el ciudadano pretende verdadera seguridad para sí y su familia, con base en un costo económico razonable y sin sacrificio de sus garantías; quiere justicia, tanto constitucional como legal, con base en derechos conocidos y estables; exige desarrollo humano de acuerdo con aquellos elementos consensuables para una estrategia nacional; quiere un orden con libertad, calidad de vida y transparencia; y necesita que el poder sea un instrumento para la tutela de sus derechos, y no un usurpador o generador de una versión alternativa de tales derechos.