Plan para enfrentar crisis

 La crisis se agrava, pero el Gobierno no ha elaborado un plan previsor para paliar sus efectos económicos y sociales

 Ofrecemos algunas pistas de solución y muchos costarricenses están dispuestos a colaborar, mas se requiere liderazgo

Informaciones recientes revelan que el índice mensual de actividad económica (IMAE) calculado por el Banco Central está cayendo aceleradamente. Eso implica que la crisis económica será más fuerte de lo originalmente previsto. Sin embargo, el Gobierno de la República no ha confeccionado aún un plan comprensivo para paliar sus efectos económicos y sociales. No será suficiente capitalizar los bancos estatales ni bastan las medidas para flexibilizar los indicadores bancarios adoptadas por el Conassif. Urge elaborar un plan previsor más comprensivo, acorde con las circunstancias.

Hizo bien el presidente Arias en exhortar a los empresarios a no despedir empleados en la presente coyuntura. Pero, de nuevo, tampoco es suficiente. Para mitigar los efectos en el empleo y salarios de una reducción en el índice mensual de actividad económica del 10% en marzo del 2007 a poco más de un 1% en noviembre de este año, se requerirá estimular la inversión de los empresarios y el gasto consumidores por encima de lo contemplado. Desafortunadamente, estimular el gasto con mayor expansión monetaria (aumento de la liquidez) y reducciones adicionales de las tasas de interés tiene sus limitaciones. La inflación no se ha podido controlar todavía (alcanzó un 16% en los últimos 12 meses), a pesar de las medidas correctivas del Banco Central, que toman su tiempo en producir efectos. Será necesario, por tanto, aplicar urgentemente medidas fiscales más focalizadas y puntuales, como han hecho –o están haciendo– otros países similarmente golpeados.

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Brasil, por ejemplo, decidió reducir temporalmente diversos impuestos para incrementar el ingreso disponible y estimular su economía. Modificó su legislación para suavizar la progresividad del impuesto sobre la renta al introducir niveles de cobro adicional entre las tarifas porcentuales aplicables a los extremos del ingreso gravable de los contribuyentes. Algo similar se podría contemplar en Costa Rica, donde las tarifas marginales más altas aplicables a las empresas (30%) y personas físicas con actividades lucrativas (25%) parecen muy altas en relación con las nuevas tendencias en el mundo, y en el caso de las personas físicas con actividades lucrativas crecen aceleradamente ante aumentos relativamente pequeños de ingreso gravable. Algo similar se podría ensayar para estimular la inversión de las empresas mediante créditos y deducciones especiales por inversiones realizadas en el 2009, tales como depreciación acelerada y revaluación de activos para efectos de poder cargar contablemente mayores gastos por depreciación y reducir la carga tributaria efectiva, pero con una vigencia temporal. Se podrían diferir también por un tiempo los impuestos sobre las casas con un valor superior a los ¢100 millones al igual que los gravámenes territoriales a los inmuebles, con el objeto estimular la construcción de viviendas y otros inmuebles de uso comercial, industrial o agrícola, que son altos generadores de empleo.

Otra medida promisoria para incrementar el ingreso disponible de los trabajadores costarricenses y ayudarlos a enfrentar mejor los efectos de la crisis es exonerando un mínimo del salario mensual de las cargas sociales vigentes, tal y como se hace con el impuesto sobre la renta. En la actualidad, las cargas sociales operan como un impuesto unitario y regresivo, sin exoneración mínima, pues gravan con el mismo porcentaje a todas las personas, independientemente de sus respectivas capacidades de pago. En realidad, resulta muy injusto y oneroso gravar con un 9% sobre el salario del trabajador aplicable a las contribuciones obligatorias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), más el 21% correspondiente al patrono (30% acumulado). El 30% del costo total del salario que no percibe el trabajador es un fuerte golpe para ellos. Si se exonerara un mínimo, podría aumentar el salario real disponible. Y, si a ello se sumaran las cargas correspondientes al IMAS, INA y Banco Popular, se concluye claramente que se podría aumentar de manera importante los ingresos de los trabajadores más modestos. Y en momentos en que los salarios han perdido poder de compra por el elevado porcentaje de incremento en el costo de los alimentos (23%) y servicios básicos, una reducción de las cargas podría tener un impacto social y económico muy importante.

La pérdida de ingresos por parte de las entidades receptoras de esas contribuciones debería ser absorbida por el Estado, si fuera necesario, como un gasto social para compensar a los más necesitados. Y, a diferencia de las reducciones tributarias antes mencionadas, las reformas a las cargas sociales deberían precisamente ser permanentes pues son regresivas e injustas, independientemente de las vicisitudes del ciclo económico. Y se podrían combinar muy bien con los incrementos puntuales del gasto social contenidos en el Presupuesto Nacional de la República aprobado por la asamblea Legislativa para el año 2009.