El escritor censurado

 La censura del escritor Sergio Ramírez ha puesto en evidencia a Daniel Ortega

 Semejante acto de arbitrariedad revela claramente la naturaleza de su gobierno

La primitiva arrogancia autoritaria del gobierno de Daniel Ortega ha quedado nuevamente de manifiesto, mediante la aplicación de una burda maniobra de censura contra un escritor nicaragüense de indiscutible talla literaria y moral: el novelista Sergio Ramírez Mercado. De este modo, han quedado plenamente de manifiesto los extremos a que puede llegar un régimen inepto e irrespetuoso en su afán por sancionar a quienes, como Ramírez, lo critican con fundamento y lo denuncian con claridad.

La síntesis de los hechos es esta: como parte de una colección de grandes poetas iberoamericanos actualmente en proceso, el diario español El País tenía previsto publicar, en mayo próximo, una antología del nicaragüense Carlos Martínez Rivas, uno de los más destacados e influyentes del siglo XX. Tras considerar diferentes autores para el prólogo, los editores seleccionaron a Ramírez. Atestados y méritos le sobran. Sin embargo, el Instituto Nicaragüense de Cultura (INC), depositario de los derechos de publicación, rechazó la escogencia y, en su lugar, exigió otro prologuista. Como era de esperarse, El País insistió en su decisión, el INC no cedió en la suya y, al no haber acuerdo, el libro no será editado.

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Así, han sufrido tanto la libertad como la literatura y la cultura nicaragüenses. La libertad, porque desde el poder político se trataron de imponer decisiones que cercenan la integridad y autonomía de un autor y una editorial. La literatura y la cultura, porque la obra de Martínez Rivas, quien, por su calidad e influencia, merecía estar en esa colección, no podrá ser conocida por miles de lectores que habrían podido apreciar su importancia y, en general, la de la poesía de Nicaragua.

La maniobra contra Ramírez ha sido tan claramente arbitraria, que un numeroso e influyente grupo de escritores participantes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, encabezados por Gabriel García Márquez, dieron a conocer un manifiesto declarando que “ningún gobierno puede arrogarse la potestad de vetar o prohibir la palabra de un escritor, y un acto semejante no puede calificarse sino de totalitario”. Algunos otros de los firmantes son Carlos Fuentes, Fernando Savater, Jorge Volpi y la también nicaragüense y exsandinista Gioconda Belli.

Las acciones seguidas contra Ramírez, quien fue vicepresidente del primer gobierno de Ortega y del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) entre 1984 y 1990, se asemejan a las aplicadas a otras figuras que, afines al sandinismo en el pasado, decidieron romper con él precisamente por sus enormes arbitrariedades, desviaciones y hasta corrupción.

Contra el poeta Ernesto Cardenal –exministro de Cultura– fue reactivada una querella por injurias y calumnias presentada hace años por un tercero, y que se había neutralizado totalmente. Contra Carlos Fernando Chamorro –exdirector de Barricada , diario oficial del FSLN y el más reconocido periodista nicaragüense– se armó una burda novela por presunta “triangulación” y “lavado” de dinero. En ambos casos, la intención, por suerte infructuosa, fue acallar sus voces.

No estamos, por ello, ante un caso aislado de represión a la libertad de expresión y de crítica. Además, estos hechos se enmarcan en una clara dirección de arbitrariedad generalizada, con el propósito de acumular cada vez más poder, aunque sea a contrapelo de las instituciones democráticas y de la voluntad popular. En esta tendencia se inscriben las recientes elecciones municipales, cuyos resultados han sido fuertemente cuestionados por la oposición, sin que, hasta ahora, el Consejo Electoral, controlado por el Gobierno, haya aceptado un conteo voto por voto.

La censura contra Ramírez, con todo lo que tiene de deleznable, al menos ha logrado que, internacionalmente, de nuevo se genere conciencia sobre la grave situación de Nicaragua. Pareciera que la opinión pública externa o interna no es algo que desvele a Ortega y sus secuaces, pero sí es una poderosa fuerza moral que reducirá su capacidad de acción. Por esto, la crítica y la denuncia no deben cejar frente a sus designios dictatoriales.