EDITORIAL |
La frase del primer ministro iraquí, Nuri Kamal al-Maliki, resultó, a todas luces, exagerada. “Este es el día de nuestra soberanía –dijo con contundencia–. Juntos avanzaremos hacia un Iraq libre, próspero y glorioso, donde podamos vivir con orgullo y dignidad”. Con ella se refirió, el jueves 27 de noviembre, a la aprobación parlamentaria de un amplio acuerdo de seguridad con Estados Unidos que, entre otras cosas, establece el 31 de enero del 2011 como fecha límite para que todas sus tropas abandonen Iraq.
Sin embargo, y más allá de su hiperbólica declaración, la complacencia de al-Maliki está plenamente justificada porque el acuerdo, sumado a otras decisiones paralelas a él, no solo representa un triunfo para la soberanía del país, sino también para su Gobierno. Además, ha mejorado las posibilidades de entendimiento político entre los representantes de la población chiita (inmensamente mayoritaria), los curdos y los sunitas, requisito esencial para otros avances.
De este modo, se ha abierto un nuevo horizonte de posibilidades para Iraq. Sobre su éxito definitivo no hay certeza alguna, pero es un hecho que, desde la invasión estadounidense, en marzo del 2003, no se había producido una decisión de tanta relevancia y tanto simbolismo político y nacional, con una ventaja adicional: no existe una real contradicción entre ella y las intenciones anunciadas por el presidente electo, Barack Obama, respecto a Iraq. Y es que la fecha límite del 10 de mayo, de la cual habló durante la campaña, se refería al retiro de las brigadas de combate, no de todas las tropas.
Las negociaciones para el pacto de seguridad comenzaron en agosto del año pasado. Al principio, los obstáculos eran enormes, no tanto por las diferencias entre iraquíes y estadounidenses, sino por el ambiente de violencia y descontrol que entonces afectaba al país de manera extrema.
Todo esto hacía en extremo difícil avanzar. Sin embargo, al mejorar la situación de seguridad y al desplegarse una intensa actividad de negociaciones políticas internas, se logró obtener una sólida mayoría en el Parlamento: 149 a 35.
Su texto, además de la retirada total dentro de tres años, dispone el 30 de junio próximo para que las tropas de Estados Unidos dejen de actuar en los pueblos y ciudades, y un documento adicional define las relaciones entre ambos países en ámbitos como economía, salud y educación.
El pacto entrará en vigencia a partir del próximo 1.º de enero, cuando vence el mandato de las Naciones Unidas que legitima la presencia de las tropas extranjeras en Iraq, pero el 30 de julio se realizará un referendo para que los iraquíes, de forma directa, expresen su decisión.
De manera simultánea con el acuerdo de seguridad, el Parlamento aprobó una amnistía para los iraquíes prisioneros por actos violentos contra las fuerzas nacionales o estadounidenses tras la invasión, y adoptó una resolución para abordar varias inquietudes de los bloques parlamentarios minoritarios.
De este modo, sobre todo los árabes sunitas, minoría gobernante durante la dictadura de Saddam Hussein que hoy se siente marginada, podrán sentirse más integrados a los procesos políticos internos, un augurio de posibles arreglos sobre otros múltiples temas.
El logro de la paz y la soberanía, de una razonable integración nacional, del desarrollo y de la legitimidad completa en el escenario internacional, aún está lejos para Iraq. Sin embargo, se han producido avances en el terreno, y este acuerdo para enmarcar jurídicamente los nexos con Estados Unidos implica un paso de enorme importancia para el logro de esos objetivos.
Como dijo, con mayor realismo que el Primer Ministro, un miembro de la mayoría chiita en el Parlamento, “en el 2003 no teníamos el derecho a decidir, pero ahora tenemos una oportunidad para lidiar con la realidad y con las fuerzas de ocupación. Ahora podremos recuperar nuestra soberanía gradualmente, tenemos un calendario para hacerlo y el mundo entero ha sido testigo de este acuerdo”. Nada desdeñable para Iraq.
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