El principal argumento del Gobierno para impulsar una reforma a la Constitución Política es recuperar la capacidad de gobernar que, alega, está ahora maniatada por superposición de instituciones y reglamentos que traban la ejecución de las decisiones.
Según el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez, la reforma no afectará los derechos fundamentales que se contemplan en la actual Carta Magna.
Sin embargo, una vez convocada y en funcionamiento, la Asamblea Nacional Constituyente es soberana de modificar y tutelar sobre la organización del Estado, los derechos y garantías individuales, los derechos y deberes políticos de los ciudadanos, la organización y atribuciones de la Asamblea Legislativa y del Poder Ejecutivo, entre otras áreas de la vida pública.
Rodrigo Arias señaló que uno de los objetivos centrales de la convocatoria es reformar el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, su reglamento y su relación con el Poder Ejecutivo.
Entre los mecanismos que se estudian para ello se contempla la posibilidad de que el Ejecutivo pueda otorgar categorías de prioridad a los proyectos que envía a la Asamblea en el período de sesiones extraordinarias. De esta manera los proyectos categorizados como de alta urgencia nacional deberían ser votados por los diputados, en un plazo no mayor a tres o cinco días.
También se buscaría un mecanismo para limitar la capacidad de las fracciones minoritarias para presentar mociones que atrasen el trámite de los proyectos de ley.
Arias mencionó, además, la intención de redefinir el rol de la Sala Constitucional, a la que planean quitarle la resolución de los recursos de amparo y concentrar su trabajo en resolver y aclarar los conflictos y disputas constitucionales.
Además, se indicó la
intención robustecer la autonomía de los municipios.
Según Arias el Gobierno buscará un convenio previo con el resto de las fuerzas políticas para no tocar la médula de los derechos individuales ya consagrados en la actual Constitución Política y concentrará las reformas en destrabar reglamentos, aclarar competencias y controles y evitar la superposición de instituciones que actúan sobre un mismo tema.
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