Reformas aprobadas en Asamblea General

PUSC permitirá militancia de personas con líos judiciales

 Gente acusada, e incluso sentenciada, podría ser militante de aprobarse reforma

 Solo sentenciados en firme por delitos castigados con cárcel quedarían fuera

Las reformas que pretenden introducir los dirigentes del PUSC en el estatuto de la agrupación permitirán la militancia de personas contra quienes se haya decretado prisión preventiva, auto de elevación a juicio de cualquier delito doloso e incluso para quienes se haya dictado sentencia.

Una asamblea general de delegados aprobó por unanimidad –el 23 de agosto– eliminar el artículo 39 del estatuto, que contempla la suspensión o expulsión de militantes que enfrentan situaciones judiciales como las mencionadas.

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Únicamente se aplicarán sanciones y expulsiones para quienes hayan recibido sentencia en firme con pena de cárcel.

Igualmente, el nuevo estatuto eliminaría del artículo 40 la norma que pide a los aspirantes a cargos de elección popular de presidente y vicepresidente de la República, diputados, alcaldes, regidores y síndicos autorizar –mediante carta autenticada al Tribunal de Ética– la apertura de sus cuentas bancarias personales.

Además, con los cambios que se harían a ese artículo se elimina la entrega de una declaración jurada de bienes de los aspirantes.

La secretaria general, Xinia Carvajal, expresó que la eliminación del artículo 39 del actual estatuto se propuso pues es “inconstitucional” e “injusto”. En su criterio, esa norma limita la militancia y aspiraciones de personas que eventualmente podrían resultar inocentes al concluir un proceso de índole judicial.

Carvajal manifestó que el tema de la apertura de cuentas se mantiene en la nueva propuesta, mas no precisó en cuál artículo. En la propuesta de la reforma, que tiene La Nación , no aparece esa norma.

La secretaria general explicó que esta nueva propuesta de estatuto tiene como propósito quitar “todo lo que es reglamentario y le otorga al Tribunal de Ética y al Tribunal Electoral interno toda la potestad para que manejen sus reglamentos”.

¿Inconstitucional? Igual que Carvajal opina el presidente del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Luis Fishman, quien dijo en conferencia de prensa, el 8 de agosto, que el artículo 39 es inconstitucional y que debe eliminarse para que Rafael Ángel Calderón pueda ser candidato presidencial, como lo desea un grupo de seguidores.

Calderón está acusado por la Fiscalía –desde el 16 de marzo del 2007– por delitos de peculado, penalidad del corruptor y corrupción porque supuestamente recibió $520.000 de la firma finlandesa Instrumentarium Medko Medical.

Esta compañía vendió equipo hospitalario a la Caja Costarricense de Seguro Social por un valor de $39,5 millones. El crédito lo aprobó la Asamblea Legislativa en el 2001 en un trámite rápido de tres días y lo impulsó el entonces jefe de fracción del PUSC, Eliseo Vargas.

El expresidente estuvo en prisión preventiva desde octubre del 2004 a marzo del 2005.

El asambleísta alajuelense Marco Araya expresó que el argumento de Fishman sobre la “inconstitucionalidad” del artículo 39 “es errado y carente de una seria argumentación jurídica”.

Araya señaló que “la única forma de que los derechos políticos de los ciudadanos se suspenden es por una sentencia que imponga puntualmente la suspensión de dichos derechos”.

También el asambleísta consideró que quitar del estatuto la declaración jurada de bienes, así como la autorización para abrir las cuentas bancarias de quienes aspiren a puestos de elección popular, atenta contra la ética y la moral.

Araya dijo: “La Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito obliga desde el presidente de la República hasta los regidores suplentes a cumplir con esos requisitos cuando salen elegidos”.

Por su parte, el exministro de Educación Guillermo Vargas, quien disputó con Fishman –el 1.° de julio del 2006– la presidencia del PUSC y fue uno de los redactores del estatuto vigente, expresó que esas normas se establecieron para que los aspirantes a puestos públicos fueran congruentes con la Carta Ética.

Recordó que cuando escribieron el estatuto, en el 2004, tenían el fin de presentar candidatos con la mayor transparencia y ser firmes en los procesos de escogencia de los representantes del partido.

Vargas añadió que si las motivaciones de la reforma son para facilitar la candidatura de Calderón, es algo “dirigido muy a la persona y así no se legisla”.

Las reformas que hizo la asamblea general del PUSC el 23 de agosto deberán ser ratificadas en una asamblea nacional.