El fiscal general, Francisco Dall’Anese, asegura que los diputados son solo espectadores del avance del crimen organizado en el país
Entrevista.
Francisco Dall’Anese Ruiz
Fiscal General
Edad: 48 años Trayectoria: Fiscal general desde el 2003 Profesión: Abogado Residencia: Alajuela
El crimen organizado nos pasará por encima
En marzo la Asamblea Legislativa recibió un plan de reformas para atacar el crimen organizado dentro del proyecto de ley de Seguridad Ciudadana, pero el 13 de agosto, mediante una moción, se excluyó el tema del crimen organizado impulsado por la Fiscalía General
El 13 de agosto los diputados eliminaron el combate al crimen organizado del proyecto de ley de seguridad ciudadana. ¿Qué piensa de esta decisión?
Estoy pesimista sobre el futuro de país. La violencia y la criminalidad organizada han alcanzado dimensiones de gran magnitud. Tenemos más de 34 homicidios por disputas entre mafias; más de 2.500 carros robados por año. La política férrea del presidente Uribe, de Colombia, ha hecho que los carteles de ese país se desplacen a Centroamérica; se nos informa que el poderoso cartel de Sinaloa disputa las rutas ticas con los carteles colombianos.
“Mientras eso sucede, la Policía no tiene los instrumentos para combatir esas manifestaciones criminales y los diputados se mantienen como espectadores. Más que uno apreciación del fiscal general es una apreciación ciudadana. La inercia de los diputados deja a merced de las mafias a los costarricenses”.
¿Falta conciencia a los diputados sobre la trascendencia del crimen organizado?
Mire, en el Ministerio Público y en el Instituto Costarricense sobre las Drogas (ICD) hemos actuado a la altura de las circunstancias. Redactamos el proyecto de ley. Incluso llevamos a la Asamblea al fiscal antimafia de Italia, Pietro Grasso, uno de los de más experiencia en el mundo en la lucha contra el crimen organizado; los diputados hicieron todas las preguntas, pero la Asamblea no reaccionó.
¿Que va a pasar si no se aprueba esa ley?
Lo que nos va a pasar es lo que pasa cuando se fumigan todos los pisos de un edificio, excepto uno y entonces se nos meten las ratas. Cada minuto que pasa el país está más afectado, es como un enfermo que se complica y los médicos... como si nada. Todos los países centroamericanos, excepto Costa Rica, ya tienen leyes de combate al crimen organizado. El presidente Calderón, de México, está enviando más de 30.000 soldados al norte del país a combatir los carteles de la droga.
El diputado Luis Barrantes arguyó que el proyecto planteado por el Ejecutivo fue politizado para mejorar la imagen de la vicepresidenta Laura Chinchilla.
Bueno, la verdad es que la iniciativa de presentar proyectos de ley en nuestra democracia la tienen los diputados y el Ejecutivo. El Ministerio Público no lo puede hacer. Las leyes se tienen que aprobar o rechazar en función de las necesidades del país y no en función de quién las presente.
¿Cómo afecta al Ministerio Público la exclusión del crimen organizado?
En realidad a quien afecta es a la Policía. Si la Policía no tiene los instrumentos, entonces no va a suplir las pruebas ante los tribunales. Lo que pasa es que el Código Procesal Penal está pensado para atacar la delincuencia común. Es como si pusiéramos a la selección nacional de fútbol infantil a jugar con la selección mayor de Brasil. Nos van a pasar por encima...
¿Qué va a pasar entonces con la Policía?
Repito que es una situación gravísima. Tenemos 34 homicidios atribuidos al crimen organizado a los cuales se les está dando atención. Pero en el momento en que la Policía ya no pueda atenderlos, en que nos rebasen la capacidad de respuesta, como pasó en México y Colombia y Guatemala, la situación no tendrá remedio y la mafia nos pasará por encima.
Algunos diputados dijeron que el tema del crimen organizado se excluyó porque era muy complejo.
Claro que es complejo. Imagínese que usted llegue donde el médico con un tumor y el profesional le diga que mejor no lo opera y entonces usted tiene que morirse. Eso es lo que están haciendo los diputados con los costarricenses. Les están diciendo que mejor se dejen morir en manos de la mafia.
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Roger benavides La Nacióbn
Iniciativas
Quedaron fuera
Una de las primeras propuestas es duplicar todos los plazos ordinarios dentro del proceso penal para que haya mayores posibilidades de aportar pruebas. Se crea la Plataforma de Información Policial y el Centro Judicial de Comunicaciones. La Plataforma de Información Policial tendrá la misión de centralizar toda la información relevante para las investigaciones de criminalidad organizada, de manera tal que se organice y sea de fácil acceso para los cuerpos policiales. Se propone que haya jueces especializados en intervenciones telefónicas las 24 horas del día durante todo el año. De esta forma, se busca remediar la situación actual en la que un juez se ve obligado a escuchar las grabaciones de una intervención de comunicaciones telefónicas, por ejemplo, de manera adicional a todo el trabajo usual en un despacho. A menudo, el resultado de esta medida llega de manera tardía a los investigadores. En relación con la utilización de bienes y dinero decomisados, se plantean mayores posibilidad de inversión, de forma que se logre el mejor beneficio económico, destinado a financiar la labor de investigación y represión del crimen organizado.
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