La cultura institucional, un fuerte impedimento del cambio

 Uno de los obstáculos que impide un servicio de calidad en justicia y seguridad ciudadana

Abogado y consultor

En previos artículos intenté identificar las demandas que la sociedad plantea a las instituciones públicas en relación a justicia y seguridad; también traté de describir los requisitos de un servicio público de calidad. Asimismo, hice notar que, en particular, el Código Procesal Penal no es fuente de impunidad sino que se limita a desarrollar las garantías establecidas por el Derecho de la Constitución.

He leído una única opinión en contra de todas estas ideas que, me parece, no las enfrentó, sino que se limitó a atacar a nuestra Constitución. En este artículo planteo uno de los mayores obstáculos que en mi criterio, impide el establecimiento de servicios públicos de calidad tanto en justicia como en seguridad ciudadana.

Lo secreto prevalece. A pesar de importantes reformas logradas en los últimos 15 años, el sistema judicial y de investigación de nuestro país es todavía altamente inquisitivo. Lo inquisitivo no se limita a una forma de procedimiento judicial, va mucho más allá, es un modelo completo de oficina y un modo de ser juez, fiscal y policía que conforman una cultura institucional de características muy precisas. Este sistema se caracteriza por preferir lo secreto, lo ritual, lo lento, lo escrito y lo autoritario. Lo inquisitivo no es consistente con la democracia, es una creación para la monarquía absoluta. Al depositar su confianza en lo escrito la mentalidad judicial necesitó construir un mundo alternativo a la realidad, un mundo de papel que moldea cada día la mente funcionarial y la dota de una especial cosmovisión en la que el “expediente” se torna en la entidad central. Nuestros sistemas judiciales continúan atrapados en tal cosmovisión, la que a su vez provoca un uso muy limitado de las nuevas tecnologías.

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La Revolución Francesa y la Ilustración, en el momento de buscar un nuevo modelo judicial, propusieron regresar a las tradiciones romano-germánicas existentes antes del sistema inquisitivo, es decir a lo que hoy conocemos como sistemas acusatorios, orales o adversariales. Estas tradiciones pervivían en Inglaterra por cuanto ahí habían fracasado los intentos de construir instituciones secretistas y autoritarias al estilo continental.

Tal propuesta de los revolucionarios franceses fracasó y el sistema judicial de la monarquía absoluta prevaleció, solo que con pequeñas concesiones a la antigua tradición por lo que se le llamó “sistema mixto”. Este sistema posteriormente logra consolidarse gracias a los códigos napoleónicos. Esta legislación también propicia cuerpos policiales gremializados y de accionar secreto. Con el Estado Bonapartista el llamado sistema mixto constituye una segunda etapa del modelo inquisitivo.

En aquellos años América Latina decidió acompañar los intentos de reforma franceses no solo en el plano judicial y policial, sino en lo político. Nuestra generación de la Independencia hizo una fuerte crítica a la cultura de la Inquisición e intentó cambios que desafortunadamente no cuajaron por el inestable contexto del inicio del XIX.

En menos de tres décadas América Latina renuncia a su propósito reformista y reinstala la oficina judicial monárquica, el distanciamiento de jueces y policías de la sociedad civil y el culto a lo secreto. Estas características se mantienen muy vigorosas todavía y son las que están obstaculizando la vigencia del proceso oral, democrático y de audiencias adversariales.

Sin cambio cultural, no hay reforma. Donde se ha logrado establecer modelos procesales orales, garantistas, rápidos y efectivos, han sido neutralizados por los componentes inquisitivos de la cultura judicial. Esto sucede en materia procesal penal, pero también en el proceso administrativo, de familia, laboral y civil. La conclusión es, entonces, que mientras no se erradique la cultura secretista y de puertas cerradas, escrita, arrogante y alejada de la sociedad, será muy difícil hacer funcionar un servicio público de calidad en justicia y seguridad.