Nuestra Policía

 La integridad moral y la competencia de la Policía son factores básicos en el campo de la seguridad ciudadana

 Esta exigencia, sin embargo, no guarda relación con el proceso de selección ni con las condiciones en que se desempeñan los policías

El Ministerio de Seguridad Pública ha incoado 1.500 causas contra policías que podrían desembocar en su despido o suspensión. La Fuerza Pública cuenta actualmente con 9. 956 servidores. Cada mes se reciben 150 denuncias. Un total de 214 oficiales fueron suspendidos del cargo entre enero y julio de este año por alguna anomalía. La recopilación de pruebas contra actos indebidos resulta en extremo difícil.

Las faltas son de todo orden y dimensión, desde colaboración con narcotraficantes o contrabandistas, hasta apropiación de bienes del Estado, uso de vehículos para fines personales, recepción de donaciones, ausencias del trabajo, incumplimiento del deber y otras. Estos actos indebidos no tienen la relevancia de los delitos cometidos por otros personajes, públicos o privados, que han conmovido al país. Esto no debe ser, sin embargo, pretexto para minimizarlos. La comisión de estas faltas o desviaciones afectan directamente uno de los cometidos esenciales del Estado: brindar seguridad a los habitantes y a sus bienes. Conviene leer estos datos, entonces, con espíritu reflexivo y con responsabilidad por tratarse de una función esencial y en vista de las circunstancias y condiciones en que están implicados.

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La integridad y la competencia de la Policía, tanto administrativa como judicial, representan una garantía necesaria para la seguridad ciudadana en todas sus formas y para la labor del Ministerio Público y de los propios jueces de la República. En sus valores éticos y en su capacidad técnica se comienza a levantar el edificio de la confianza ciudadana y de la credibilidad, de la colaboración cívica y de la justicia. De aquí la reacción popular crítica ante la conducta de los guardianes del orden o de la Policía. Se les exige lo máximo, pero no se tienen en cuenta una serie de variables básicas.

De las dos condiciones citadas, la integridad y la competencia, la primera es, obviamente, teniendo en cuenta el recto orden de las cosas, lo primero. La preparación para el eficiente y eficaz desempeño del cargo puede lograrse y fortalecerse gracias a los programas ad hoc de las instituciones públicas y el esfuerzo personal. La rectitud moral, privada y pública, en cambio, dimana claramente de la formación recibida en el hogar, de las condiciones familiares, de la escuela, del ambiente social y de otras condiciones, que inciden en el ejercicio de la libertad.

No es fácil, por ello, seleccionar el personal adecuado para trabajar en el campo policíaco, habida cuenta, además, de los salarios percibidos, de los graves riesgos personales y de sus consecuencias en la familia, del horario de trabajo, de las tentaciones y presiones recibidas, así como del propio estatus social.

Si, posiblemente, estos son los servidores públicos expuestos a mayores riesgos, beneficiarios de menos garantías y de menor consideración formal y pública, deben, entonces, analizarse con objetividad y discernimiento las informaciones del 28 de agosto pasado sobre el número de causas penales contra los policías y sobre el número de ellos investigados o cuestionados. Con objetividad y discernimiento significa tener en cuenta que han sido el propio Estado y la sociedad los causantes de esta situación, y que, en vista de su papel fundamental en todo lo concerniente a la inseguridad ciudadana, nuestro problema primario actualmente, la conclusión ha de ser no la condena, sino la decisión de cambiar radicalmente este estado de cosas. Todos nos encontramos involucrados en este desafío por seguridad personal y por deber cívico.