La Fiscalía liberó antenoche a cuatro de las 13 personas a quienes detuvo anteayer como parte de una presunta red del narcotráfico que operaba en Limón.
Esa decisión causó malestar en el Ministerio de Seguridad Pública donde, aunque dijeron “respetarla”, no la comparten.
“No sabemos qué argumentos tomaron en cuenta, pero la verdad es que esperábamos más dureza en este tipo de casos, otras cosas”, expresó José Torres, viceministro de Seguridad Pública.
El funcionario recordó que las investigaciones contra la banda se iniciaron hace más de un año y los agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) allanaron las casas en coordinación con las autoridades judiciales.
Avanzada la tarde de ayer no fue posible conocer las razones por las que el Ministerio Público liberó a los sospechosos: dos policías, a una dirigente del sector pesquero limonense y una secretaria de la auditoría de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
Son ellos Jorge Solís y Juan Caballero (oficiales de Seguridad Pública), también Guisell Hanson (de Japdeva) y Olga Jiménez Chaves, presidenta de la Asociación de Pescadores Independientes de Limón.
Ayer no se pudo localizarlos para conocer sus impresiones.
La secretaria de Japdeva regresó ayer a su puesto y no quiso brindar declaraciones a la prensa.
Todos fueron detenidos y esposados, la mañana del martes, durante 14 allanamientos hechos por la Fiscalía, la PCD y el Juzgado Penal en distintos puntos de Limón.
Los otros sospechosos, entre ellos el presunto líder de la banda, a quien la Policía identificó como Leonardo Casanova Quirós, alias Napo , permanecían anoche a la orden del Juzgado Penal de Pococí.
Según Isabel Hernández, periodista de la Oficina de Prensa del Poder Judicial, los sospechosos se encontraban, avanzada la tarde de ayer, en una audiencia judicial.
Allí, de acuerdo con la ley, un juez penal de Pococí definiría la situación jurídica de los detenidos.
Policías en la mira. Los dos policías, uno de la Fuerza Pública y el otro del Servicio Nacional de Guardacostas, serán sometidos a una indagación administrativa en Seguridad Pública.
De ser encontrados culpables de alguna falta, pueden ser despedidos sin derecho patronal.
La PCD cree que Solís y Caballero fungían como informantes de la organización narco.
Sus casos fueron enviados al departamento Disciplinario Legal, según confirmó el comisionado Luis Hernández, director de la Fuerza Pública en Limón.
Los 13 detenidos eran inicialmente vinculados por la Fiscalía con tráfico internacional de drogas, entre otros delitos.
Las autoridades sostienen que la red narcomafiosa utilizaba combustible subsidiado del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) para abastecer lanchas empleadas en el trasiego de heroína y cocaína.
También, según la PCD, lo usaban para abastecer embarcaciones cargadas de cocaína, procedentes de Colombia, casi siempre frente a Barra del Colorado.
A cambio, recibían dinero y drogas que, posteriormente, enviaban en carretas de contenedores hasta Estados Unidos. Otra parte era vendida en Limón.
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El policía Juan Caballero (de camiseta roja) fue detenido y esposado la mañana del martes, pero liberado la noche de ese mismo día. Seguridad Pública definirá su suerte. Humberto Ballestero para LN
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