Qué fácil es destruir

 Los costarricenses sabrán evaluar nuestro esfuerzo porque llegamos para servir

Exministro de ViviendaExrector del Sector Social

Qué fácil resulta destruir y cuán difícil reconocer logros de una gestión como la que dirigí por algo más de dos años al frente del Ministerio de Vivienda y la Rectoría del Sector Social.

Por ello, quiero dejar testimonio público de que, al asumir el Ministerio de Vivienda, la institución estaba dedicada exclusivamente a resolver temas relacionados con el sector vivienda, lo que hizo necesario adecuar la estructura de la entidad para enfrentar la ampliación de responsabilidades, en particular para el ejercicio cabal de la rectoría. Es así como se creó un viceministerio para ese fin, a la vez que se dio un considerable aumento en el presupuesto del Ministerio, pasando este de ¢673,5 millones en el 2006 a ¢1.822,5 millones en el presente, sin contar las transferencias.

Inversión en vivienda. En el campo de la inversión en vivienda, partimos de un presupuesto de ¢33.000 millones en el 2006 para subsidios habitacionales al ser administrados por el Banco Hipotecario de la Vivienda. Para el presente año, el monto equivalente se acerca a los ¢70.000 millones.

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El sistema financiero ha demostrado un enorme dinamismo en la colocación de recursos para soluciones individuales, sobre todo con la introducción de círculos de calidad en las entidades autorizadas del sistema; es decir, en la atención de familias que se acercan por su propia cuenta al sistema, a través de sus ventanillas para el trámite de un bono completo o de una solución de crédito con bono. Muchas de estas familias vivían en viviendas consideradas tugurios. Buena parte de estas soluciones implican la destrucción de la casa original por inhabitable.

Por otra parte, es preciso destacar que en el pasado reciente se privilegió el desarrollo de proyectos a expensas de las soluciones individuales, por lo que al inicio de la administración nos topamos con una presa importante de solicitudes en las entidades autorizadas. Tal situación nos obligó a tomar la decisión de responder a esa demanda y a la vez promover el desarrollo de proyectos, los cuales –según muestra la experiencia– requieren una etapa de maduración de al menos un año y medio. Las cifras hablan por sí solas: entre mayo del 2006 y agosto del 2008 se emitieron 27.011 bonos de vivienda, con una inversión de ¢106.000 millones, y a la fecha se encuentran en ejecución 26 proyectos y 20 más están en trámite.

Precarios. Mención aparte merece el programa de erradicación de precarios, dada la complejidad de actuar en los asentamientos informales y el exceso de formalidad que exigen muchas de las instituciones responsables de la tramitología.

Debe tenerse presente que en la atención a los precarios se trata de avanzar más allá de la vivienda y la infraestructura física, incluyendo el equipamiento social necesario para la atención a la salud, la educación, la recreación y la seguridad. Se trata además de la construcción de vivienda, de construir comunidad.

Otra dificultad que se presenta es la poca disponibilidad de terrenos y el elevado costo de la tierra en las zonas urbanas, lo que obliga a poner énfasis en la atención in situ. Además, pocas entidades del sistema están en condiciones de asumir la responsabilidad de ejecutar este tipo de programas. La entidad que lo ha logrado con éxito ha sido la Fundación Costa Rica-Canadá; sin duda, de esta experiencia se están empezando a beneficiar las demás entidades. Uno de los retos presentes es reforzar la institucionalidad para trabajar con efectividad en la informalidad urbana, con una mezcla de esfuerzos público-privados, así como ampliar el número de empresas dispuestas a trabajar con el segmento de población de menores recursos.

Bono colectivo. De las innovaciones introducidas en nuestra gestión para facilitar la atención de los asentamientos informales resalta la creación del bono colectivo, que complementa el bono de la vivienda. Este último requiere la formalidad de un terreno debidamente escriturado para su emisión, lo que representa un esfuerzo de titulación que normalmente constituye la última etapa del proceso en este tipo de proyectos.

Con el bono colectivo se puede intervenir en la construcción de infraestructura y equipamiento social en los precarios, dejando para una etapa posterior la titulación, mejorándose las condiciones de vida de la población que ahí habita, a pesar de que algunas familias, por diversas razones, no califiquen para el bono individual. Para este propósito se introdujo en el Presupuesto de la República un monto inicial de ¢3.000 millones en el 2007, y de ¢20.000 millones en el 2008, para ser administrados por el Banhvi, de acuerdo con la directriz emitida por el Ministerio y a través de un decreto ejecutivo.

Política social. En términos de la Rectoría del Sector Social, se trató de velar por la buena marcha de los programas selectivos de lucha contra la pobreza, en particular coordinando los programas existentes para buscar un mayor impacto, y en la introducción de programas innovadores que respondan a las necesidades actuales de la población meta. Como parte esencial de este esfuerzo, se inició un proceso para contar con un sistema de información que permita identificar a la población potencial beneficiaria de los programas, y la culminación de este esfuerzo representa una de las tareas pendientes.

En el área de programas innovadores destaca la introducción del programa Avancemos, con una meta de cobertura de 130.000 estudiantes, la cual prácticamente se alcanzó en el mes de agosto del presente año, con un total de 126.611 estudiantes y una inversión que supera los ¢60.000 millones, a partir de su etapa piloto en el 2006. Actualmente, el programa lo ejecutan dos entidades, el IMAS y el Fonabe, con métodos de selección de beneficiarios diferentes, que ameritan para el futuro del programa una evaluación de resultados.

Desde el Ministerio se han promovido nuevas formas de intervención en las zonas urbanas, desde el trabajo realizado por la Dirección de Vivienda hasta el trabajo del Prugam, que buscan el uso más racional de nuestro territorio y mejorar las condiciones de vida de la población en las ciudades. Se elaboraron propuestas concretas de construcción de ciudad, en beneficio sobre todo de la población de menores recursos y de ingresos medios. También desde el Ministerio se han planteado nuevas formas de intervención en los territorios indígenas, con un énfasis particular en respetar los rasgos culturales de esas comunidades.

Los costarricenses sabrán evaluar nuestro esfuerzo porque llegamos a la función pública para servir y no para ser servidos.