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José María Tijerino Pacheco |
Exfiscal general de la República
Apenas cuatro días después de queLa Nación publicara en primera plana la alarmante noticia de que el magistrado presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, don José Manuel Arroyo Gutiérrez, es objeto de una campaña de desprestigio, el expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier sale a la luz pública con un artículo de opinión en el que proclama su fe en el Poder Judicial.
Sin embargo, lejos de distanciarse de la campaña difamatoria reprobándola –como cabría esperar de quien dice profesar fe y respeto a la majestad de la justicia– se suma a ella haciendo referencia a constantes denuncias contra el magistrado Arroyo, de las cuales el país no ha tenido ninguna noticia, salvo que se trate de la misma campaña.
Arremete también don Rafael Ángel contra otro magistrado de la Corte Suprema, el Dr. Fernando Cruz Castro, de quien cuestiona que haya sido distinguido con un galardón otorgado, no por el Fiscal General de la República, sino por el Consejo Fiscal del Ministerio Público. Se trata del premio “Francisco Chaverri Rodríguez”, que se otorga a quien se ha destacado en el ejercicio de la fiscalía.
Si alguien ha merecido ese premio ha sido Fernando Cruz Castro, a quien, durante su brillante gestión como fiscal general, no lo hicieron titubear en el estricto cumplimiento del deber ni los halagos ni las amenazas de los detentadores del poder político. Yo soy testigo de excepción de lo que aquí vuelvo a afirmar, porque tuve el honor de ser su segundo al mando.
Es el caso, entonces, que el mencionado expresidente profesa una extraña fe en el Poder Judicial, porque pretende arrojar la sombra de la sospecha sobre dos magistrados que hoy son verdaderos baluartes de ese poder del Estado, por su talento e envidiable formación jurídica, y, sobre todo, por su muy probada integridad, hidalguía, dignidad y señorío.
La inocua referencia a la supuesta colindancia de quintas del magistrado Arroyo Gutiérrez y el Fiscal General, y a su también supuesta amistad y solidaridad mutuas, evidencia lo que ya se adivinaba con la campaña en contra del magistrado Arroyo: que la estrategia defensiva de don Rafael Ángel está apuntando a la recusación del magistrado presidente de la Sala Penal, y, si fuere necesario, también del magistrado Fernando Cruz Castro, de la Sala Constitucional.
De llegar a prosperar tal estrategia, se llegaría a dar el contrasentido de que el instituto procesal de la recusación, instrumento para apartar al juez sospechoso de parcialidad, se estará usando contra dos magistrados que a través de toda su trayectoria, y especialmente en esta hora crítica del Poder Judicial, son modelos de imparcialidad.
Como ciudadano, abogado y exfiscal general me preocupa profundamente toda campaña de desprestigio contra jueces probos. Exhorto a mis colegas abogados y a los costarricenses en general a manifestar su solidaridad con aquellos en quienes están depositadas nuestra confianza y seguridad jurídica, porque “el día en que los jueces tengan miedo, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo”.
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