EDITORIAL |
La tragedia provocada por un tráiler en Aguas Zarcas y Pital de San Carlos describe, de nuevo, en forma sombría y exasperante, el nivel de irresponsabilidad imperante en nuestro país en las carreteras y el consiguiente grado de impunidad prevaleciente por muchos años.
Cinco muertos en un trayecto de 200 metros constituye un récord difícil de sobrepasar en un país regido por normas viales en el campo represivo y preventivo. En Costa Rica, en cambio, podemos seguir expuestos a tragedias aún peores, que un elemental sentido de responsabilidad habría evitado, en este caso, si no hubieran concurrido una serie de factores: falta de revisión técnica, por vencimiento, y, por tal motivo, negligencia del propietario, y probabilidad de que el tráiler no estuviera en condiciones óptimas, y dudas razonables sobre el volumen o peso de la carga. La reflexión sobre estas tragedias no puede tampoco desentenderse de la vigencia de la ley de la selva, como telón de fondo, denunciada una y mil veces en reportajes sin cuento y comentada, una y otra vez, en nuestros editoriales.
La investigación de lo ocurrido en Aguas Zarcas debe realizarse con responsabilidad, tal como lo exigen los deudos y las personas que sufrieron daños materiales. Los factores señalados anteriormente merecen la máxima atención, a los que debe agregarse la observancia o no de las normas sobre la tala de árboles, así como la distancia entre Guápiles y un aserradero en Ciudad Quesada, dados los riesgos inherentes a este transporte por las razones apuntadas. Si estos factores se verifican, era, pues, natural que pasara lo que pasó. El tráiler se quedó sin frenos en Aguas Zarcas y de ahí en adelante, sin control y sin la aplicación oportuna del frenado de emergencia –otro hecho relevante– , chocó con un taxi, cuyo chofer murió; se le rompieron las cadenas que sostenían las tucas; arrolló un microbús, mató a tres de sus ocupantes y, luego, a una persona que viajaba en bicicleta. Arrancó grandes piedras, y dañó tres vehículos estacionados y cuatro viviendas.
Pareciera que no dejan huella ni atemorizan las noticias cotidianas sobre el número de muertes y lesiones causadas por conductores irresponsables. Tampoco han inducido a la reflexión las noticias sobre la negligencia de buena parte de los dueños de furgones y de camiones pesados, el 70% de los cuales no pasa, por incuria manifiesta, la revisión, ni todas las informaciones puntuales sobre argucias usadas para evadir la revisión o para salir airosos de este trámite legal. Tampoco ha conmovido a los propietarios la información sobre la amenaza permanente contra la población de la mayoría de los carros cisterna portadores de combustibles, cuyo uso ha sobrepasado, en forma exorbitante, los 10 años de ley.
Al parecer, los daños causados y los atentados contra la vida y la integridad física de las personas son directamente proporcionales al tamaño y peligrosidad de estos vehículos. Pero tampoco estos riesgos hacen mella en buena parte de los responsables, a quienes tampoco importa la vida de los conductores contratados. No sabemos cuánto tiempo durará esta pesadilla vial. Tampoco sabemos cuándo se someterá a normas estrictas a los dueños y conductores de los vehículos pesados, o bien a un control esmerado en las carreteras, donde son amos y señores. Mientras no haya sanciones, en forma sistemática, como hemos comentado reiteradamente, estas amenazas contra la población no tendrán fin. Creemos que los empresarios observantes y las asociaciones o cámaras que los acogen deben, por su propio bien, hacer conciencia sobre la gravedad de esta patología social.
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