La escalada en los precios internacionales del petróleo y su efecto en los costos de servicios como el transporte público, ha generado muchas propuestas de subsidios, pero poco consenso para aprobarlas.
A mediados de junio, el Poder Ejecutivo propuso transferirle ¢10.000 millones a Recope a cambio de que frenara un aumento de ¢85 por litro en el precio del diésel durante un mes.
Para cuando ese presupuesto se aprobó en la Asamblea Legislativa, ya el incremento en el diésel estaba vigente.
Junto a esa iniciativa, el Gobierno propuso aumentar los impuestos a las gasolinas y eliminar el que paga el diésel.
La propuesta tuvo fuerte oposición de las diferentes fracciones y fue desechada.
La otra alternativa planteada por el Gobierno fue gravar con un 15% las transacciones de la banca off shore y eliminar el impuesto al diésel que pagan los autobuseros y taxistas.
Aunque para este plan parece haber más consenso, el proyecto se presentó desde el 4 de agosto, pero aún no se ha creado la comisión especial que lo analice, según confirmó anoche la diputada socialcristiana, Lorena Vásquez.
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