En Guardia

abogado-economista

Yo tengo una interpretación muy diferente del pronunciamiento de la Procuraduría General de la República sobre las consultorías del BCIE. En vez de exonerar al Gobierno y consultores, como pretenden algunos, da pie para exigir cuentas. Pero hay que saberlo leer.

Después de darle muchas vueltas al asunto y aceptar que se presta para diversas interpretaciones, la “Procu” concluyó que eran fondos privados y no se debían incluir en el presupuesto nacional. Pero, para llegar a esa conclusión, se valió de una interpretación cuestionable: que las partes (BCIE y Gobierno) acordaron que el BCIE desembolsaría directamente los fondos a los consultores (para evitar considerarlos fondos públicos, agrego yo). Ahí se perpetró la estratagema.

	Imprimir		Recomendar
	Disminuir		Aumentar

¿Desde cuándo puede un Gobierno soslayar las normas públicas por la vía contractual? Hay ahí toda una semilla del mal. La misma Procuraduría admitió que tal procedimiento podía ser cuestionable: “No desconoce la Procuraduría que podría cuestionarse si las partes y, en particular, el Gobierno, podían acordar que el monto de la donación se transfiera en bienes y servicios contratados por el Banco y no en dinero efectivo”. Lo grave fue abrir la puerta para que entidades complacientes como el BCIE donen recursos para usarse al margen de la ley.

Dijo la Procuraduría: “Los bienes y servicios donados (consultorías) están sujetos a las disposiciones de la Hacienda Pública. Por consiguiente, deben estar referidos a la satisfacción de necesidades públicas (jamás para contratar cantantes), ser destinados a satisfacer un fin público y estar sujetos a los controles internos y externos de que se dispone”. Deben someterse al escrutinio de la Contraloría. Pero no fue así. Y ahí hay un vicio fundamental: “Corresponde a la Contraloría verificar la legalidad, control contable y financiero y –lo más importante– la utilidad y racionalidad de las consultorías”. La Contraloría deberá decidir si sirvieron de algo al Estado.

Aparte de tecnicismos legales y la responsabilidad eventual de los vivarachos, hay algo profundamente inmoral: las consultorías por “personas de confianza” se prestan para satisfacer fines espurios y maquinaciones políticas ajenas a la democracia. Contratar a una alta dirigente del PAC da pie para pensar que se pretendía suavizar la oposición. Y, al leer enLa Nación que a la esposa del Regulador General le fue otorgada otra consultoría por la Fundación para la Cooperación Estatal (FUCE), se me “fuce” el “fuce”. No lo puedo evitar. La solución no es evadir las normas públicas, sino hacerlas expeditas, sin perder el sentido del control. Ese es el gran reto político.