Quiero creer

Abogada

De la reunión que se realizó en la Casa Presidencial pocos días después de la información del periódico La Nación sobre las consultorías pagadas por el BCIE, donde asistieron el ministro de la Presidencia, don Rodrigo Arias, y otros jerarcas del Poder Ejecutivo, con la contralora de la República, doña Rocío Aguilar, y el magistrado suplente don Federico Sosto, entre otros funcionarios, se ha destacado la presencia de este último, sobre la que se ha comentado ampliamente.

Conflicto de intereses. Siendo justos, creo que igual reacción debió originar la presencia de la Contralora ya que, de acuerdo con sus atribuciones constitucionales y legales, no tenía ningún motivo para asistir a la Casa Presidencial a analizar con los jerarcas del Gobierno y los otros funcionarios el ámbito de fiscalización de la Contraloría sobre el Convenio de Cooperación suscrito con el BCIE, asunto de interés de la Presidencia ante la obligada e inminente participación que la Contraloría tendría en el caso en cuestión, en ejercicio de su competencia fiscalizadora.

Antes bien, igual que con el señor Sosto, esa presencia era contraproducente por existir ahí un evidente conflicto de intereses.

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Si, de acuerdo, con el artículo 183 de la Constitución Política, la Contraloría es una institución auxiliar de la Asamblea en la vigilancia de la Hacienda Pública, y no un órgano jurídico asesor del Poder Ejecutivo, ¿para qué fue llamada la jerarca junto con otros funcionarios públicos, a discutir el punto de su futura intervención?

¿No era más apropiado consultar a la Procuraduría, que sí es su órgano asesor, o a los auditores internos del Ministerio? Las consecuencias de esa presencia son graves. No cabe menos que preguntarse qué fue lo que ahí se trató y cómo afectará esa visita la visión de la Contraloría al analizar el asunto.

Confianza en instituciones. Creo que nuestros altos jerarcas institucionales han perdido la conciencia sobre la importancia y trascendencia de su investidura y de los papeles que les corresponde cumplir en una democracia que tiene como fundamento la división de poderes y los pesos y contrapesos en el ejercicio del poder.

Los periódicos informan de que la señora Contralora explicó a algunos diputados sobre ese punto y garantizó su independencia en la investigación que se está realizando y aseguró que, de ningún modo, se han ejercido presiones sobre ella. Los diputados dicen confiar en la transparencia de la funcionaria.

Yo también quiero creer en ello, porque los ciudadanos estamos necesitados de fortalecer esta confianza en nuestros funcionarios públicos, que tanto se ha debilitado por actitudes imprudentes que contribuyen a menoscabar la institucionalidad democrática.