Agentes allanaron ayer oficinas de junta directiva

Ministerio Público investiga a presidenta del Banco Popular

 Ese despacho indaga si jerarca usó recursos públicos para asesoría privada

 Funcionaria alega persecución política y dice que es seguida por desconocidos

El Ministerio Público allanó ayer el Banco Popular para investigar actuaciones de la presidenta de esta entidad, Ana Isabel Solano.

La Fiscalía indaga si la jerarca utilizó instalaciones y recursos del Banco para cumplir un contrato privado con un consorcio cooperativo, lo cual es negado por la funcionaria.

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Según el Ministerio Público, el propósito del allanamiento era buscar evidencias de un eventual peculado (sustracción o distracción de bienes o fondos públicos).

En la diligencia participaron la Fiscalía de Fraudes y el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José. A las 2 p. m., los agentes revisaron documentos en la secretaría de la junta directiva del Banco, en avenida Segunda.

Esta indagación surge luego de que, el 13 de agosto, el Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop) acordara investigar a Solano debido a una denuncia anónima.

Según la denuncia, un consorcio privado, al que Solano le vende servicios, utilizó varias veces las instalaciones del Banco Popular para celebrar sesiones de su consejo de administración.

Solano es contralora del grupo cooperativo Agriatirro, dedicado a la producción de azúcar y con sede en Turrialba, Cartago.

Solano ofrece ese servicio al consorcio, por $1.200 mensuales, como parte de su profesión de contadora pública.

El contrato entre Solano y Agriatirro establece como una obligación de la profesional participar en las sesiones del consejo.

Al menos cuatro actas del consejo de Agriatirro, de las cuales este medio tiene copia, mencionan el uso de las salas del Popular tanto en San José como en Cartago. En esas sesiones participó Solano.

El Infocoop financia a Agriatirro y recomendó al consorcio la contratación de Solano en el 2004.

A cualquiera. Solano reconoció que hubo varias reuniones de Agriatirro en el Banco Popular, pero alegó que esta entidad da apoyo a cualquier organización social porque estas son las dueñas del banco.

Además, según agregó, Agriatirro es cliente del Banco, por lo que se les permitía hacer sus sesiones allí para luego analizar asuntos crediticios.

La funcionaria también argumentó que esta investigación es producto de una persecución de los “bandos” que resultaron perdedores en la última asamblea del Banco Popular.

Solano dijo que ya había sido amenazada de lo que pasaría, y que motociclistas desconocidos la siguen hasta su casa, por lo que puso una denuncia ante el OIJ.

Por facilidad. Consultado sobre las razones para sesionar en el Banco Popular, Alfredo Monge Esquivel, presidente de Agriatirro, afirmó: “Ella (Solano) estaba operada de la columna y no podía viajar en carro. Entonces, buscó cómo mejorar la situación. No podía subir escaleras y se vio que había oportunidad de que el Banco nos prestara la sala de juntas, y se dieron esas reuniones”.

La denuncia anónima añade que se usaron servicios de alimentación, fotocopiado y personal del Banco en las sesiones de Agriatirro, lo cual fue negado totalmente por Solano.