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Jorge Jiménez Ramón |
Director Regional,Asociación MarViva
El año pasado, el Estado destinó casi ¢7. 000 millones al subsidio de combustible y benefició a unos 6.000 productores en todo el país, según el Incopesca. Por su parte, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) ha entregado millones de colones (¢669 millones entre el 2003 y el 2005) en auxilios para los pescadores artesanales durante la veda.
El beneficio real de este sistema de apoyo para los pescadores (especialmente la flota artesanal) es cuestionable, pues existe un sistema de intermediación que encarece el combustible al usuario final y una falta de control que favorece el uso indebido de estas ayudas.
Resultados. Es esencial para el Gobierno, que, al considerar este tipo de subsidios, exista la capacidad de determinar si efectivamente el subsidio está produciendo los resultados que se buscan. Esto implica el poder seguir el efecto del subsidio en los costos e ingresos del sector, en las ganancias, en el esfuerzo pesquero y finalmente en el impacto de estos cambios en la biomasa de las pesquerías meta.
En este momento nuestro país carece de controles, estudios y capacidad institucional para analizar el impacto del plan de subsidios a la flota pesquera. Tal situación incrementa el riesgo del uso inadecuado del combustible e impide determinar si se están logrando los objetivos económicos, sociales y ambientales pretendidos al otorgar combustible a precio preferencial.
Los subsidios son a menudo síntomas de un manejo inadecuado de las pesquerías que permiten mantener viable una actividad pesquera deficiente en lugar de crear condiciones que favorezcan su reestructuración. Al final, los subsidios de combustible no ayudarán a la flota pesquera a ser más competitiva.
Por el contrario, estos subsidios solo retrasan la necesaria re-estructuración de la flota y el sector pesquero, evitando que estos se adapten a las nuevas realidades económicas y ecológicas (altos precios del combustible y pesquerías sobre-explotadas). La tendencia a subir en los precios del combustible y el deteriorado estado de nuestras pesquerías (tras décadas de mal manejo) obligan a cambios en las tecnologías de naves y motores y en los artes de pesca a utilizar.
Impacto ambiental. El impacto ambiental de los subsidios en nuestros mares es negativo. Los subsidios de combustible reducen los costos operacionales, aumentan el esfuerzo pesquero y aumentan la presión sobre pesquerías costeras ya sobre-explotadas. El sector pesquero actualmente esta sobre-capitalizado lo que resulta en una sobre-pesca. Ya que el combustible representa un componente importante de los costos de la pesca, es de esperar que el aumento en los precios del combustible reduzca la sobrecapacidad y la sobrepesca. Sin embargo, el subsidio gubernamental del combustible reduce y hasta elimina esa posibilidad.
El subsidio favorece, también, que la flota tenga capacidad de acceder a áreas con pesquerías pelágicas alejadas de la costa al poder financiar el combustible para ese tipo de viajes. Durante los últimos 10 años, el deterioro de las pesquerías costeras ha forzado a una flota inadecuada para estos fines, a viajar hasta 500 km de sus puertos para localizar pesquerías pelágicas en alta mar.
De seguir esta tendencia, estaremos siguiendo la ruta de otros países que una vez agotadas las pesquerías de pelágicos han iniciado la pesca de profundidad sobre poblaciones de gran fragilidad ecológica, lento crecimiento y baja reproducción. Un mayor desplazamiento hacia pesquerías lejanas aumenta el consumo de combustible por kilo de pescado capturado, contribuyendo desproporcionadamente a las emisiones de gases invernadero.
El Estado debe fortalecer el sector pesquero a través de una redirección de la ayuda que otorga en subsidios hacia un cambio en el paquete tecnológico utilizado por la flota pesquera. Esto implica cambios en las artes de pesca, la tecnología de los motores y el diseño de las embarcaciones.
Deberá fortalecer la institucionalidad para lograr una mejoría en su capacidad de gestión y ordenamiento de la actividad pesquera. El Estado debe tratar de ayudar al sector pesquero a hacerse más competitivo en un entorno de altos precios del combustible y bajos ‘stocks’ de pesca. Subsidiar el combustible solo prolongará una actividad ineficiente, favorecerá la sobreexplotación y traerá el colapso de las pesquerías y del sector pesquero.
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