Julio Rodríguez | envela@nacion.com

En Vela

Quizá por inusuales no logro valorar el fundamento de las protestas de la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud) en estos días sobre dos decisiones de la Corte Suprema de Justicia. No está demás, por ello, preguntarse, sin ánimo de dramatizar, qué imagen ha proyectado el Poder Judicial, en su totalidad, Corte Suprema incluida, en la población y en el seno de esta entidad, tras estas fricciones y resquemores. No se trata de una comezón de popularidad –tentación perniciosa–, sino de credibilidad –condición irrefragable–.

Esta medición –y reflexión– es necesaria, por la majestad del Poder Judicial, por su vínculo casi materno con el funcionamiento y fortaleza del sistema democrático (de tal Poder Judicial, tal democracia), y por el prestigio de que goza este poder del Estado en el continente americano. Estas credenciales no se deben mancillar. Por otra parte, debe tomarse en cuenta un dato esencial: recorre el país, desde hace 5 años, una campaña insidiosa contra la institucionalidad democrática. Sus azuzadores han sido expresidentes de la República, por móviles políticos o judiciales; dirigentes políticos y sindicales, profesionales de todo pelambre; estudiantes manipulados, extremistas de todo signo y promotores interesados de la violencia y la confusión.

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Los jueces miembros de Acojud portaban ayer un lazo con los colores patrios. Pero ¿dónde está la patria? “El objetivo de la protesta –dijo Abel Jiménez, su presidente– es exigir respeto a la democracia y a la justicia salarial”. ¿Se está vulnerando la democracia? “Nosotros –expresó– sí hacemos una justicia independiente, sin injerencia político-partidaria”. Esta gravísima denuncia, digna de los comités patrióticos, exige, de su parte, aclaración y documentación. “Vamos –agregó– a interrumpir, en forma total, el silencio que hemos mantenido por muchos años, pues hemos sido invitados de piedra en la toma de decisiones del Poder Judicial”.

Esta última frase se presta a diversas interpretaciones. ¿Por qué callaron “por muchos años”? ¿Qué fue lo que callaron? ¿Quién o qué les impidió hablar? ¿Qué significa “interrumpir el silencio en forma total”? ¿Qué es lo total? Las afirmaciones transcritas insinúan, en todo caso, faltas o errores mucho más graves que no investigar al magistrado suplente Sosto (que bien pudo realizarse) o aumentar los salarios de 46 funcionarios judiciales.

Una cosa sí me queda clara: aprovechar este pequeño sismo interno para promover un diálogo franco, objetivo y fecundo entre Acojud y la Corte con lacitos patrios en la mente y el corazón. Todos ganamos al fortalecer el valor inmaterial de la confianza en el Poder Judicial.