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Alexandra Loría Beeche | alexandra@loria.com |
Abogada
En abril del año 2005, en Massachussets fue arrestado, esposado y llevado a los tribunales de justicia, David Parker, padre de familia de un niño de kindergarten, cuyo delito fue oponerse a que se le dieran lecciones de homosexualismo a su hijo. En el futuro, ¿podría suceder esto en Costa Rica?
En la asamblea legislativa existen al menos cuatro proyectos de ley que se refieren a los mal llamados “derechos” de los homosexuales.
El más conocido es el llamado unión civil entre personas del mismo sexo. Muchos líderes homosexuales han reconocido que en realidad son pocos los homosexuales que quieren “casarse”. Prueba de ello es que en España, donde recientemente se cumplieron tres años de haberse aprobado la ley, tan solo se han celebrado 5.243 “matrimonios” entre personas del mismo sexo.
Entonces, ¿cuál es el verdadero interés que los mueve? En respuesta me permito citar a un activista homosexual, Michael Signorile: “Luchar por el matrimonio del mismo sexo y sus beneficios y entonces, una vez garantizado, redefinir la institución del matrimonio completamente, pedir el derecho de casarse no como una forma de adherirse a los códigos morales de la sociedad, sino de desbancar un mito y alterar radicalmente una institución arcaica. [...] La acción más subversiva que pueden emprender los gais y lesbianas [...] es transformar por completo la noción de familia”. (Crisis Magazine, 8/enero/2004).
Queda claro que a los homosexuales no les interesa casarse, más bien les interesa destruir conceptos que consideran antiguos y caducos como fidelidad, monogamia, compromiso, etc.
Otro proyecto. Otro proyecto presentado es una propuesta para incluir un capítulo de derechos sexuales y reproductivos en la Ley General de Salud, que dispone que cada ser humano es dueño absoluto de su propio cuerpo, la sociedad no puede disponer ninguna restricción en este campo, pues sería represiva; todas las formas de utilización del sexo serían igualmente naturales y legítimas; pareciera que lo único reprochable serían los actos sexuales que impliquen un ataque a la libertad individual (violencia carnal), así se aprobaría por ley: el homosexualismo, bisexualismo, transexualismo, poligamia, poliandria, en fin, tal y como está redactado el texto, se permitiría hasta el sexo con animales o con cadáveres.
Además, el estado costarricense enseñará esta ideología a los niños desde muy corta edad. En otros países se les enseña a explorar su cuerpo y luego a explorar el cuerpo de sus compañeros. A eso le llaman “educación”, el código penal le llama corrupción de menores.
No contentos con los dos proyectos indicados, en marzo de este año, presentaron el proyecto de ley para la prevención y eliminación de la discriminación y el proyecto de ley de modificación del artículo 373 del Código Penal, que es ley para combatir la discriminación por orientación sexual.
Es innegable que la agenda del movimiento homosexual para Costa Rica tiene interés de acusar y castigar penalmente por el delito de discriminación a toda aquella persona que los critique.
De convertirse en leyes los proyectos, se perderán en Costa Rica al menos tres derechos humanos: libertad de expresión, libertad de culto y libertad de educar a nuestros hijos de acuerdo con nuestras creencias.
Un ejemplo. Por ejemplo, en Canadá: por expresar su opinión, Christopher Kempling (educador) fue suspendido sin sueldo en dos ocasiones y posteriormente se quedó sin trabajo.
La Corte de su país no le reconoció el derecho a la libertad de expresión, ni a la libertad religiosa, puesto que argumentó que si un Estado reconoce los derechos de los homosexuales, las escuelas deben trasmitir una única enseñanza acorde con las leyes del Estado.
El señor Kempling ha dicho: “Me niego a ser un falso maestro, diciendo que la promiscuidad es aceptable, la perversión es normal, y la inmoralidad es simplemente ‘diversidad cultural’ de la que debemos estar orgullosos”
De regreso a mi pregunta inicial: ¿Podrá suceder en Costa Rica lo que le pasó a David Parker? La respuesta la tienen 57 diputados en la Asamblea Legislativa o más de dos millones de costarricenses si el asunto se conoce vía referéndum.
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