El fracaso del Poder Judicial

 El Poder Judicial tiene su cuota de responsabilidad en el problema de inseguridad

Sociólogo

En el Foro de La Nación del sábado 5 de julio , el eminente constitucionalista y buen amigo, Rubén Hernández, publica un artículo en el que intenta demostrar que, en Costa Rica, la tenencia de armas no es un derecho constitucional. No intentaré rebatir sus argumentos jurídicos, pues ya varios colegas suyos lo han intentado, con mayor o menor éxito, y, además, porque no poseo yo los conocimientos profesionales para ello.

Sí quisiera, sin embargo, dirigirme a uno de los argumentos que esgrime. Dice el sr. Hernández: “El artículo 12 constitucional…, dispone que para la vigilancia y conservación del orden público, habrá las fuerzas de policía necesarias… Y otorga al Estado la función de garantizar ese orden social, por medio de las fuerzas de policía civil. Con ello, el país renunció a una defensa violenta a escala nacional y de ahí deriva la misma posición en el nivel individual”.

La administración judicial. Sin embargo, ¿qué sucede cuando, como es el caso en estos momentos en nuestro país, el Estado se demuestra incapaz de garantizar ese orden social? ¿Sigue vigente el Contrato Social a que, implícitamente, se refiere el argumento de don Rubén? Es posible que el fracaso obvio en su función protectora no recaiga predominantemente en el Ejecutivo. Todos somos testigos de que la Fuerza Pública se desempeña bastante bien, tomando en cuenta las limitaciones de entrenamiento y de equipo de que padece.

	Imprimir		Recomendar
	Disminuir		Aumentar

¿En dónde, entonces, cae la responsabilidad por el mencionado fracaso? Creo que una gran mayoría de mis compatriotas ha llegado a la conclusión de que el problema reside con la administración de justicia, esto es, con el Poder Judicial. Un par de ejemplos bastarán para ilustrar esta opinión. En La Nación del 22 de julio, bajo el título “Policía investiga relación entre detenidos y crimen ” , se consigna lo siguiente: “El viernes, individuos que vestían camisetas policiales y llevaban en el techo del carro una luz rotativa interceptaron a…, de 28 años…A la víctima de dieron muerte en un palmar…Un día más tarde la Fuerza Pública detuvo a tres sujetos y les decomisó dos revólveres, un arma de 9 milímetros, una subametralladora UZI, esposas, tres camisetas policiales, pasamontañas, una placa falsa del OIJ, cocaína y una luz rotativa azul”. La nota concluye informado de que “… el Juzgado Penal de Puntarenas los dejó en libertad.”

Dos días después, el 24 de julio, en la página 17A de La Nación , bajo el título “Liberado sospechoso de matar a guarda de UCR ” se consigna la siguiente información: “El coordinador de seguridad de la UCR,… detenido por el homicidio de un subalterno, fue liberado anoche a las 7. p.m. por decisión del Juzgado Penal de Alajuela” “Al cuidador de otra finca… supuestamente le pidió (el sospechoso) el favor de guardar unos objetos. La Policía decomisó allí (es decir, en la casa del cuidador) la caja de seguridad sustraída en La Garita, así como lo que parecen ser las armas robadas a (la víctima)”.

Ejemplos como los anteriores se encuentran con escandalosa frecuencia en los medios de comunicación. ¿A quién, entonces, es necesario asignar la responsabilidad por la situación reinante? La Declaración Universal de Derechos Humanos no puede ni debe ser interpretada como un pacto suicida, que sólo protege a los sospechosos, pero ignora a las víctimas. No nos quejemos si luego, la ciudadanía, convencida de que el Estado no provee la protección a que tenemos derecho, recurre a la fuerza para defenderse.