Crisol y expansión de la violencia

 Unas 200. 000 personas, de todas las edades, profesiones y condiciones económicas, están atrapados por el crack.

 En la lucha contra la violencia y la inseguridad ciudadana este es el desafío más apremiante.

La información de ayer de este periódico sobre las 100.000 detenciones de consumidores de “crack” en ocho meses, incluidos los reincidentes, y las consecuencias sociales, económicas y personales derivadas de este hecho constituye mucho más que una voz de alarma. Es uno de los datos objetivos más angustiantes publicados en la historia de la inseguridad ciudadana en nuestro país.

Cuando la Primera Vicepresidenta de la República, Laura Chinchilla, lo conceptúa como el desafío prioritario del país, en el campo de la lucha contra la patología de la droga y de la seguridad ciudadana, y el viceministro de Seguridad Pública, Gerardo Láscarez, lo describe como una epidemia y clama porque se le considera una emergencia nacional, están poniendo el dedo sobre la llaga. Una llaga que, según las cifras aportadas por las autoridades, cubre todo el territorio nacional y todos los estratos sociales, desde los más pobres e indefensos, hasta los afortunados económicamente, y desde los expulsados del sistema educativo, hasta adultos pertenecientes a diversos grupos profesionales, unos en ejercicio y otros que han cambiado su oficina por la calle. No hay, al parecer, profesión o trabajo, que escape a este adversario temible.

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El segundo párrafo de nuestra información de ayer revela una de las consecuencias cruciales de esta patología social. Se trata en su mayoría de hombres y algunas mujeres, quienes roban, asaltan, matan e incurren en cualquier delito, todos los días y a cualquier hora, para comprar droga, de acuerdo con informes en poder del OIJ y el Ministerio de Seguridad Pública”. El consumo del crack, estupefaciente relativamente barato, derivado de la cocaína, cuyos efectos son inmediatos, es causa a la vez de una fuerte dependencia psicológica. Dadas estas condiciones, el hábito se crea en forma acelerada lo que desemboca, por su propia naturaleza, en una terrible espiral en la que la adquisición y consumo del crack se torna apremiante, sin reparo alguno de orden físico o moral, dados los efectos deletéreos en la conciencia.

Si en ocho meses se ha detenido a 100. 000 personas, disminuidos los reincidentes, que habrán de ser numerosos, el resultado sobre el total de consumidores atrapados en este vicio no debe inducirnos a un cálculo erróneo, pues, según declaraciones del viceministro de Seguridad citado, el número de personas atrapadas por el crack puede ascender a unas 200. 000, repartidas en las principales ciudades. Su número y las condiciones específicas de este vicio, ya señaladas, explican, según el jefe regional del OIJ en Limón, el nexo entre este hecho y el 90% de los delitos cometidos en esta provincia. El combate de la violencia y de la inseguridad ciudadana debe, entonces, comenzar desde aquí.

Bien ha hecho el gobierno en combatir el narcotráfico por razones internas y solidaridad internacional. En diversos editoriales hemos exaltado este esfuerzo. La mira debe ponerse, sin embargo, tal como se plantea ahora, en la lucha sin cuartel contra el consumo del crack por sus terribles efectos personales, sociales y económicos, así como por ser este el crisol y escuela de la violencia en nuestro país. El número de 200. 000 personas atrapadas en esta patología, con sus efectos colaterales, obliga, entonces, a cambiar radicalmente de estrategia. Estamos llegando tarde a esta verificación, que, sin importar el costo financiero, técnico y de personal, merece la atención suprema del Estado. Los funcionarios líderes en esta campaña nacional, en el orden de la represión y de la rehabilitación, merecen todo el apoyo y el reconocimiento del país.