Página QuinceMarta Acosta Zúñiga |
Subcontralora Generalde la República
La toma de conciencia respecto de las consecuencias que ha tenido la conducta del ser humano en la explotación y en el aprovechamiento de los recursos naturales, ha permitido que surjan conceptos como el de desarrollo sostenible, el cual sabemos alude “al desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para atender sus propias necesidades”.
Dentro del amplio margen de acción que abre ese concepto de desarrollo sostenible, las sociedades y los Estados están cada vez más forzados a enfrentar el futuro adoptando innovadoras y oportunas decisiones que suponen, inclusive, una reorganización de sus esquemas más elementales.
En ese contexto, el tema de las compras públicas merece hoy nuestra especial atención. Esto porque ciertamente en nuestro medio el Estado es en la actualidad el gran comprador que se mueve en un mercado dinámico y globalizado. Pero más importante aún, porque el Estado, constitucionalmente, no solo está conminado a procurar el mayor bienestar de todos los habitantes del país –organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza–, sino porque también es su deber garantizarnos a todos nosotros el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Son entonces múltiples las razones que nos llevan a afirmar que el sector público debe plantear cambios importantes en sus esquemas de compra, tanto para fungir como modelo para el resto de la ciudadanía, como para obligar a que el propio mercado transforme su oferta de bienes y servicios y con ello el impacto en los recursos naturales, asegurando así que en la práctica, la noción de desarrollo sostenible sea una garantía viva en la sociedad costarricense.
Un manual guía. De esta forma, con mucho beneplácito la Contraloría General de la República recibió la iniciativa que la Fundación Centro de Gestión Tecnológica e Informática Industria l–mejor conocida como Cegesti– nos trajo a conocimiento, primero en nuestra condición de administración activa y posteriormente en el cumplimiento de nuestra función de superior jerárquico impropio en materia de fiscalización de la actividad de contratación administrativa.
Esa iniciativa se ha concretado en el “Manual para la Implementación de Compras Verdes en el Sector Público de Costa Rica” que fue lanzado el pasado 22 de julio en esta Contraloría General. Al hablar de “compras verdes”, la noción evidentemente involucra un tema asociado con el ambiente. Pero a partir de este manual, y de los esfuerzos que esperamos se sigan desarrollando en manos de todos nosotros, el concepto de “compras verdes” debe significar mucho más que eso. Debe suponer un compromiso de los más altos jerarcas de todos los integrantes de la Administración Pública costarricense para atreverse a optar por alternativas diferentes en la adquisición de bienes y servicios, que sean amigables con el ambiente, que consideren su impacto en los recursos naturales y vislumbren su mejor aprovechamiento de cara al futuro.
En este documento se abordan temáticas como la política ambiental de compras, comité de compras verdes, las fases de este proceso de adquisiciones, nociones como las “prácticas ambientales”, “ciclo de vida de los productos”, “disposición final de los productos”, producto verde, entre otras. Muchas de ellas, conocidas y otras por el contrario, no resultan ser muy familiares.
Cambios internos. La Contraloría General reconoce el valor agregado de la iniciativa que ha dado lugar a la elaboración del manual que presenta al sector público. Esto porque el documento permite poner en la mesa de discusión el tema de cuán necesario e importante es, repensar cómo son nuestros procesos de adquisiciones, cuánto impacto en las condiciones ambientales actuales estos generan y, sobretodo, cómo podemos modificarlos para enfocarlos en la dirección que lleva hacia el desarrollo sostenible.
Y es que la Contraloría General de la República no puede ser ajena a este proceso. Como administración activa, hemos iniciado ya cambios internos. Pero, además, en el ejercicio de la función de superior jerárquico impropio en la materia de contratación administrativa y en general como fiscalizador superior de la Hacienda Pública, el control que, en sus distintas manifestaciones, se ejerce sobre los principales procesos de compra pública del país, nos obliga a acompañar a la administración activa en la toma de conciencia y en la transformación del modelo de adquisiciones que al día de hoy tenemos.
La colectividad nos demanda a todos ser responsables, oportunos pero también eficientes en la satisfacción de necesidades públicas y al estar presente el concepto del desarrollo sostenible en nuestro texto constitucional, es nuestra obligación buscar alternativas que así lo garanticen. Las compras públicas verdes o ecológicas, son ya una alternativa. Esperamos que pronto sean una realidad.
Nuestro futuro. Agradecemos los profesionales de Cegesti por esta iniciativa y por habernos permitido participar en ella. Igualmente se debe reconocer el esfuerzo de muchos profesionales del sector público que participaron en esta tarea que hoy rinde su fruto: un manual para la implementación de compras verdes que la Contraloría General de la República respalda y recomienda aplicar como una guía orientadora en el proceso de compras, porque además de estar en armonía con la Ley de Contratación Administrativa, está en armonía con la naturaleza.
De esta manera, todos aportamos para garantizarle a nuestros hijos, nietos y demás generaciones venideras, recursos naturales suficientes en calidad y cantidad para cubrir sus necesidades.
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