EDITORIAL |
Las pruebas internacionales llevadas a cabo por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad y la Educación (Llece), con el respaldo de la Unesco, y aplicadas aquí a 6.000 escolares de tercero y sexto grados, de la zona rural y urbana, en noviembre de 2006, vuelven a espolear la educación pública. Sobre todo nos colocan objetivamente frente a nuestra realidad. También otros niños, en 15 países, dieron respuesta a las mismas preguntas sobre el nivel del aprendizaje de la Matemática y la Lectura.
Las autoridades educativas del país, así como estudiosos y especialistas en el campo educativo, ya habían hecho hincapié en los datos aportados por esta investigación. Conviene, sin embargo, insistir en ellos, máxime si se tiene en cuenta que las fallas del sistema educativo, en el orden de la infraestructura, del ambiente o de su calidad, han sido objeto, desde hace muchos años, de parecidas llamadas de atención. La voluntad de cambio, sin embargo, no ha corrido pareja con la información. La educación pública ha sido la mimada retórica de los políticos y de los Gobiernos. Su amor, con todo, no cristalizó en obras concretas conforme a un plan integral. Por el contrario, sus males se han venido acumulando. El esfuerzo de las autoridades educativas actuales ha puesto de manifiesto la magnitud y complejidad del reto.
Esta investigación ha mostrado que la eficacia del aprendizaje depende, en gran medida, del ambiente de respeto escolar prevaleciente, de una infraestructura educativa –que también comprende la dimensión física– adecuada, de los servicios básicos (agua y luz, por ejemplo), de la biblioteca escolar, de la calidad profesional y personal de los educadores. También resalta el estudio la importancia de las condiciones socioeconómicas y culturales de los alumnos, y del apoyo familiar. La familia –verdad de Perogrullo– es el complemento necesario de la escuela. Los aspectos citados son imprescindibles, mas de ninguna manera novedosos. No lo pueden ser. Forman parte del arsenal básico de la escuela y del aprendizaje.
Este informe pone de manifiesto, asimismo, la diferencia, en cuanto al aprendizaje de la Matemática y la Lectura, entre las escuelas públicas rurales y las urbanas. Cabe la misma conclusión para el resto de las materias. Tampoco aquí se encuentra novedad alguna. El problema surge cuando se cree que la enfermedad afecta solo a las escuelas rurales. Los datos correspondientes no dan pie, sin embargo, para batir palmas por la escuela pública urbana pues, si los porcentajes publicados describen diferencias apreciables entre esta y la rural, los referentes a la pública, en relación con los objetivos educativos más apetecibles y necesarios, no hay razón alguna para el regocijo. Por el contrario, dadas las condiciones más favorables de la urbana, los resultados deberían ser mucho mejores en esta. Reparemos, a título de ejemplo, en que solo el 41,15% de los estudiantes de sexto grado de la zona urbana tiene “un nivel muy satisfactorio” de lectura.
Hay razones suficientes, pues, para realizar humildemente un examen de conciencia nacional y, desde el punto de vista político, en el verdadero sentido del término, para enfrentarnos con los resultados concretos en el orden social. No hay duda de que la retórica social, política e ideológica no ha guardado relación con los hechos. Si la educación es el recurso ineludible para combatir la pobreza, forjar la cultura y adentrarnos a pie firme en la sociedad del conocimiento, su subdesarrollo en la zona rural (grave discriminación) y su escasa calidad en la urbana nos indican que el discurso sobre el Estado solidario, del que se hace gala, no deja de ser una evasión.
Y, como la fortaleza de las bases dan cuenta de la consistencia del edificio, aquí tenemos suficientes elementos de juicio para darles razón a quienes, con todo derecho y responsabilidad, cuestionan sin evasivas la calidad de la enseñanza universitaria. He aquí, entonces, con mirada de conjunto, el gran desafío que tenemos delante que exige, por su naturaleza y trascendencia, un genuino compromiso nacional y político que, como política de Estado, sobrepase el menguado perímetro de acción de un Gobierno.
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