Los representantes de las empresas de transporte público presionan a la Asamblea Legislativa en espera de que concrete un acuerdo preliminar para quitar el impuesto sobre el diésel que usan los buses.
La Cámara de Transporte Público exige también medidas adicionales al Gobierno. Darán tiempo hasta el 15 de agosto antes de pensar en medidas de presión, pues argumentan que si se mantiene el cobro del tributo se estaría castigando con las tarifas a la gente menos adinerada del país, que son los usuarios de los buses.
“Después de esa fecha, ya veremos. Gracias a Dios somos gente de diálogo. No queremos hacer cosas que al final perjudiquen al usuario”, dijo la presidenta de la Cámara, Maritza Hernández.
“Es hora de que las autoridades competentes tomen las decisiones en beneficio de los usuarios del transporte público (...) como la puesta en marcha de las rutas intersectoriales y la aprobación del proyecto de ley para eliminar el impuesto al diésel”, agregó.
La dirigente mencionó también la posibilidad de emitir bonos de transporte público para estimular la reducción del uso de los carros particulares.
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