El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) perdió ¢1.300 millones por incumplir un contrato para construir cuatro líneas de transmisión eléctrica.
Como el ICE no aportó a tiempo las tierras, los diseños y los materiales requeridos para instalar las redes, el proyecto solo avanzó un 37% al cabo de tres años.
La empresa contratada por el Instituto reclamó las ganancias que dejó de percibir, así como pérdidas por disponer de equipos y funcionarios ociosos.
El 7 de diciembre del 2006, la subgerencia de Electricidad del ICE aceptó pagar $2,3 millones (¢1.300 millones) como compensación por los atrasos al consorcio italiano SIME-LAECA.
El monto del reclamo fue recomendado por la oficina de Proyectos y Servicios Asociados del Instituto, la cual estaba a cargo de la obra. Así consta en un documento del cual este medio tiene copia.
Las líneas que se debían construir eran Naranjo-Poás, Cariblanco-Leesville, Moín-Cahuita y Cahuita-Sixaola.
Esas líneas eran necesarias para ampliar la capacidad del sistema eléctrico nacional, de manera que se garantice el suministro continuo de energía y se minimicen los apagones.
Los dos últimos tramos eran necesarios para mejorar la capacidad de intercambio de energía con Panamá.
La línea Cariblanco-Leesville permitiría enviar más energía al Caribe, mientras que la red Naranjo-Poás tenía como objetivo fortalecer el suministro en el área metropolitana.
El pago surgió cuando el país vivía una situación ajustada en la generación eléctrica, lo que obligó a subir las tarifas de luz para pagar la energía requerida.
Millonario pacto. El ICE contrató la mano de obra de SIME-LAECA en el 2003 por $9,5 millones (casi ¢5.300 millones).
Aunque el contrato fue aprobado por la Contraloría General de la República en setiembre del 2003, el ICE ordenó empezar la construcción de la primera línea, Moín-Cahuita, a finales del 2004.
Dicho trabajo empezó más de un año después porque faltaba el estudio de impacto ambiental.
La instalación de los tramos siguientes, Naranjo-Poás y Cariblanco-Leesville, se inició en el 2005 en espera de que también estuviesen listos los estudios ambientales.
Después, las obras se atrasaron y se suspendieron por diversas razones. Uno de los principales problemas fue la falta de terrenos.
En Moín-Cahuita, por ejemplo, para julio del 2006 apenas había 36 terrenos en trámite de adquisición y faltaba el avalúo preliminar de otras 214 propiedades.
El mismo obstáculo surgió con las otras líneas eléctricas.
Otro problema fue la ausencia de unas piezas que el ICE debía entregar, llamadas “alargamientos”, las cuales se colocan en las patas de las torres para nivelarlas.
Para diciembre del 2006, cuando se aprobó el reclamo, el ICE aún no tenía los “alargamientos” de las líneas Moín-Cahuita, Cahuita-Sixaola y Leesville-Cariblanco.
La instalación de la línea Cahuita-Sixaola ni siquiera se inició. Además del problema de las piezas, el ICE alegó que el temporal de enero del 2005 obligó a rediseñar ocho kilómetros de esa línea.
Luego, una bananera afectada por la obra pidió cambiar el diseño de la red y muchos de los terrenos no tenían planos de catastro.
La línea que quedó más avanzada fue Naranjo-Poás, con un 94%.
Finalmente, en febrero del 2007, el ICE y la empresa acordaron terminar el contrato con solo una tercera parte de avance.
En el expediente del proyecto, los funcionarios también alegaron limitaciones presupuestarias entre el 2004 y el 2005, así como un retraso en la aprobación de la contrapartida local para esta obra, pues esta se financiaba con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
FOTOS


El contrato incluía la instalación de las torres de las líneas de transmisión (fotografía ilustrativa) . Archivo
Compra de tierras
Cada vez más difícil
Sobre la adquisición de tierras para instalar las redes eléctricas, el ICE indicó que ahora es más difícil obtenerlas.
“Cada vez menos cantidad de propietarios aceptan el avalúo que realiza la institución, lo que genera negociaciones para llegar a un acuerdo, pero este no siempre se logra, por lo que se debe proceder con diligencias judiciales de expropiación”, dice un documento del Instituto.
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