EDITORIAL |
Un informe del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) de El Salvador, dado a conocer hace pocos días en ese país, ha puesto de manifiesto, nuevamente, el agudo desafío y los terribles estragos de la violencia en Centroamérica. Nuevamente, además, esta campanada debe ser motivo de profunda reflexión en Costa Rica porque, aunque nuestras condiciones son mucho más favorables que los promedios regionales y, especialmente, muy distintas de las que muestran los terribles índices de El Salvador, Guatemala y Honduras, no podemos permanecer impasibles ante tan inquietantes realidades. Y también debemos ser cuidadosos de no cometer el mismo tipo de errores en que cayeron esos vecinos, al adoptar estrategias represivas que en nada han mejorado su situación.
El reporte del CNSP se centra en una dimensión de la violencia hasta ahora poco analizada: sus estragos económicos. De conformidad con los cálculos, necesariamente imprecisos, pero basados en datos oficiales de los respectivos países, el costo total de los hechos violentos en el año 2006, para toda la región, fue de $6.506 millones, que equivalen a un 7,7% del producto interno bruto (PIB) centroamericano.
El mayor impacto, del 11%, lo padeció El Salvador, país que, además, tiene el dudoso privilegio de contar con el mayor índice de criminalidad en el mundo (el segundo es el de Venezuela). Costa Rica, con un efecto equivalente al 3,6% del PIB, está en el extremo menor de la escala, seguida por Nicaragua.
Por supuesto que los peores efectos de la violencia son sobre la integridad y las vidas humanas. Se trata de algo que rebasa cualquier cálculo material. Sin embargo, la dimensión económica también debe considerarse seriamente, porque cada dólar destinado a guardas, cárceles, mecanismos de seguridad o pago de “protección” a las pandillas es un dólar que no se destina a actividades económicas o sociales productivas.
Además, mientras más generalizado sea el clima de inseguridad, más dificultades para generar inversiones y fuentes de empleo. Por esto, la violencia es un real obstáculo para el desarrollo.
Resulta más fácil calcular los efectos de la delincuencia, la inseguridad y la violencia asociada a ellas, que determinar sus causas y plantear las estrategias más adecuadas para combatirla. Sin embargo, existen algunos elementos que cada vez se hacen más evidentes. Uno es que la pobreza, por sí sola, no explica el exponencial crecimiento del problema que han experimentado Guatemala, El Salvador y Honduras. Cada vez existen mayores evidencias de que, especialmente entre los jóvenes, que son quienes alimentan las pandillas conocidas como “maras”, la exclusión, la falta de oportunidades, la ausencia de horizontes de vida, las aspiraciones insatisfechas y la disfuncionalidad familiar son las variables claves. Los grupos pandilleros cubren muchos de estos vacíos y, así, se aseguran nuevos miembros de manera incesante.
Frente a raíces socioculturales tan profundas y complejas, ninguna estrategia centrada en un solo conjunto de acciones puede ser eficaz, menos si se orienta hacia la represión. Por algo, pese a sus manos “duras” y hasta “superduras”, el fenómeno ha tendido a empeorarse, sobre todo en El Salvador y Guatemala. Lo que se impone son opciones mucho más balanceadas, con un eje central en la prevención y la integración, mediante la acción de instituciones públicas y privadas que atiendan, sobre todo, los “disparadores” de la violencia, sin descuidar la represión, pero siempre dentro del marco del Estado de derecho.
Tal tipo de abordaje es mucho más factible que tenga éxito cuando, como es nuestro caso, el fenómeno no ha tomado características epidémicas. Y, si a menudo la frustración ciudadana frente a la delincuencia genera clamores por un énfasis desmedidamente represivo, los diputados y gobernantes tienen el deber de enfocar el problema con una perspectiva más global, para generar estrategias más balanceadas, realistas y eficaces.
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