Costoso “vacío legal”

 Hay que buscar una solución urgente a la morosidad en Asignaciones Familiares

 A los problemas jurídicos se une la negligencia; ambos deben corregirse

Se aduce un “vacío legal” y, en verdad, existe, pero solo en parte. A él se añade un problema mucho mayor: la negligencia, un antivalor burocrático, al que nos referimos ayer. Por la combinación de ambos, ¢66.000 millones que deben 93.275 patronos morosos, y que podrían ser canalizados a combatir la pobreza, ha sido imposible que pasen a manos de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf). Así, por una mezcla de descuido jurídico y “pasos de bola” burocráticos, se ha tolerado la impunidad de los infractores y se han perjudicado las necesidades de los receptores.

El origen del problema, aún no solucionado, se remonta a tres largos años atrás: en abril del 2005, la Procuraduría General de la República determinó que, por carecer de personería jurídica, la Desaf no tiene facultades legales para impulsar cobros judiciales. De este modo, las acciones para recuperar ese dinero, que hasta entonces venía realizando la entidad, quedaron en suspenso, y se comenzaron a acumular deudas que hoy alcanzan proporciones exorbitantes, con una particularidad: solo 482 patronos deben ¢25.000 millones, es decir, más de una tercera parte del total en mora.

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Al dar su dictamen legal, la Procuraduría también ofreció la solución para que no se paralizaran los procesos de cobros: que la Desaf contratara con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) un sistema para emprender las gestiones de recuperación. Por la urgencia del caso y por la elemental justicia que lo sustenta, lo lógico y necesario era que se procediera con urgencia. Sin embargo, tal como revelamos en una información el pasado martes, ocurrió todo lo contrario. Tras un período de inacción en las postrimerías del anterior gobierno, en octubre del 2006 se produjo una primera reunión entre el ministro rector del área social, Fernando Zumbado, y jerarcas de la Caja. Se estableció (¡sorpresa!) una comisión coordinada por la viceministra de esa cartera, Ana Isabel García. Sin embargo, solo se reunió dos veces más, la última el mes pasado, sin que hasta ahora haya llegado a ningún acuerdo.

Entre tanto, y como es tan usual en nuestro sector público, la tónica ha sido el intercambio de justificaciones. La Viceministra dice que solo esperan que la CCSS diga cuándo reactivan las conversaciones; la institución alega “inconvenientes” técnicos, administrativos y financieros”, y en el terreno legislativo, donde sería muy sencillo dotar de personería jurídica a la Desaf y, por ende, corregir el problema en su raíz, esa iniciativa está incluida en dos proyectos mucho más amplios, lo cual implica precisamente que dormirá por largo tiempo el sueño de los justos, a pesar del negativo impacto financiero en los programas sociales.

Es hora de que el tema se trate con la celeridad que amerita, en los dos ámbitos requeridos. En el administrativo, para que se solventen todos esos “inconvenientes” aducidos por la CCSS, lo cual debería implicar que la Desaf cubra los gastos totales de las gestiones de cobro; de lo contrario, podría sufrir el sistema de salud. En el legislativo, para poder otorgar personería jurídica a Asignaciones Familiares, y que así sea capaz, por sí misma, de actuar ante los tribunales. Esto debería surgir de una reforma puntual para no tener que esperar la discusión de proyectos sobre los que puede haber grandes diferencias que conduzcan a la parálisis.

En un reciente editorial, nos referimos a la importancia que tiene, para la política social, la actitud previsora de las instituciones, en cuanto a las tendencias que se desarrollan en su entorno, así como sobre sus debilidades institucionales y legales. Este caso ilustra las graves consecuencias de no hacerlo. Mientras se actúa en sus aspectos más de fondo, al menos debería desaparecer ese mal que tan a menudo carcome la oportuna acción del sector público y que se llama negligencia.