Un incidente inaceptable

 Nos sumamos al repudio por el trato que recibió el Fiscal General en Miami

 Hay que tratar de que el episodio no afecte la lucha contra la delincuencia

El injustificado maltrato –y, también, humillación– de que fue víctima el fiscal general, Francisco Dall´Anese, y, con él, su investidura y el país, por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos, debe ser rechazado en todos sus términos y consecuencias. Como nación soberana, con un orden institucional asentado en la democracia y el Estado de derecho, no podemos aceptar que nuestros representantes oficiales sean tratados con la misma ligereza, falta de información y hasta prepotencia que los oficiales de migración estadounidenses a menudo aplican a quienes llegan a su país.

Cada Estado tiene derecho a establecer sus normas para decidir cómo se procesa el ingreso de ciudadanos extranjeros; pero, también, tiene el deber de que esos procedimientos sean respetuosos de las personas y sus derechos, especialmente si, como Dall´Anese, van en representación de países amigos y en cumplimento de deberes de su cargo. En el incidente de que fue víctima el miércoles 23 en el aeropuerto de Miami, Florida, tales principios fueron violentados. Por esto, nos parece totalmente acertada la pronta y enérgica protesta de nuestra Cancillería, y su exigencia de que “se imponga la responsabilidad legal correspondiente a quienes privaron de libertad al Fiscal General”.

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Nuestro Gobierno debe insistir en esos términos y no cejar hasta que haya un adecuado rendimiento de cuentas. A la vez, sin embargo, todas nuestras autoridades, en especial las del Poder Judicial y la Fiscalía, deben realizar los esfuerzos del caso para que este episodio, grave como es, no afecte un objetivo esencial de nuestras prioridades como Estado: el combate de la delincuencia y la necesaria cooperación que debe mantenerse, con Estados Unidos y otros países, para impulsar esta lucha.

Desgraciadamente, según se desprende de la carta enviada por Dall´Anese al canciller Bruno Stagno, tal cooperación, en un sentido de respeto y beneficio mutuos, se ha deteriorado en los últimos meses. El Fiscal menciona que la embajada estadounidense “se ha arrogado la competencia de ofrecer recompensas” en nuestro país, por encima de las autoridades judiciales, con lo cual ha frustrado “investigaciones sobre terrorismo”. Esto es muy grave. También lo es la falta de coordinación en el caso de sobornos a políticos que involucra, tanto en Estados Unidos como aquí, a un alto funcionario de la compañía francesa de telecomunicaciones Alcatel, cuyas declaraciones son clave para sustentar parte de la acusación ante nuestros tribunales.

La visita de Dall´Anese y la fiscal Criss González a Miami, para participar en un interrogatorio a ese imputado, era una forma de tener mayores elementos para el proceso local; también, de mejorar las relaciones entre la Fiscalía y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Por esto, el incidente es aún más serio y lamentable. Y, sin dejar de enfatizar en la gravedad del trato que se le dio, consideramos que el Fiscal se precipitó cuando, en lugar de exigir quedarse en ese país –cosa que seguramente habría podido hacer sin problemas tras aclararse el caso– optó por regresar a Costa Rica. Esta reacción, sin duda, llamó aún más la atención sobre la gravedad del episodio, pero también frustró la posibilidad del interrogatorio, algo que resultaba vital. También consideramos apresurada y sin fundamento fáctico su valoración sobre las intenciones de las autoridades migratorias, reflejada en su carta a Stagno: “Mi interpretación personal es que todo lo expuesto se hizo para evitar que yo tuviera acceso al ciudadano europeo detenido en Miami”.

Para manejar este grave asunto y sus implicaciones con verdadero rigor y apego a la dignidad y el interés nacional, debemos mantener la firmeza y la exigencia de explicaciones y compensaciones. Pero es imperativo deslindar el campo de las interpretaciones y sentimientos personales, de aquel que corresponde a los hechos y a los objetivos institucionales. Y también debemos hacer una diferencia entre los conductos de las protestas diplomáticas y los mecanismos para ser más eficaces, tanto nacional como internacionalmente, en el combate de la delincuencia.

Confiamos en que, superado este incidente grave y lamentable, se encuentren formas de que los vínculos entre nuestras autoridades y las estadounidenses fluyan hacia un cauce de cooperación, no de enfrentamientos, imposiciones, irrespeto y susceptibilidades extremas. Es algo que necesitamos ambos países.