“Costa Rica no debe soportar humillaciones”

Carta del fiscal general,Francisco Dall´Anese , al ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Stagno.

De acuerdo a lo conversado con Ud. el día de ayer, me permito rendir el presente informe acerca de mi visita oficial a los Estados Unidos de América del pasado 23 y 24 de abril, en los siguientes términos:

1) Desde hace muchos meses la relación entre el Ministerio Público de Costa Rica y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América ha venido en franco deterioro, dados el cumpli- miento unilateral de la institución que represento ante dicho país, contrastante con los incumplimientos de los Estados Unidos con Costa Rica en casos de extradición, cartas rogatorias y asistencias judiciales. A Ud. he presentado las quejas verbales. Amén de lo anterior, el pasado 14 de febrero (oficio FGR 238-2008) presenté a Ud. queja formal que se tramitó por conducto diplomático –y no ha sido respondida– porque la Embajada de los Estados Unidos se ha arrogado la competencia de ofrecer recompensas en Costa Rica, por encima del Ministerio Público y del OIJ, frustrando con ello investigaciones sobre terrorismo y, con ello, la seguridad del país.

2) Hace poco más de un año, en aplicación de un convenio de investigación conjunta, el Ministerio Público de Costa Rica remitió a la Fiscalía Federal de Fraudes de los Estados Unidos, prueba valiosa que sirvió a las autoridades de ese país para aprehender en Florida a un ciudadano europeo, vinculado a una investigación de corrupción atendida por autoridades de ese país. Sin embargo, verbalmente y por escrito, se convino que cualquier negociación de la Fiscalía Federal de Fraudes estadounidense para dar inmunidad al imputado, debía incluir la necesaria cooperación con la Fiscalía de Delitos Económicos de Costa Rica. Esto último por cuanto la persona imputada en los Estados Unidos se ha constituido en la última probabilidad que tiene el Ministerio Público costarricense de abrir una puerta para vincular a un sospechoso a un caso de corrupción de los más grandes investigados en la historia del país, contra el cual no se ha encontrado prueba sólida hasta el día de hoy.

3) Contra todo lo esperable, transcurridos unos meses desde la citada aprehensión que hicieran en Miami, la Fiscalía Federal de Fraudes estadounidense ha pedido al Ministerio Público de Costa Rica (por intermedio de la Procuraduría General costarricense), ofrecer a priori la inmunidad al ciudadano europeo detenido en Estados Unidos, sin dar oportunidad de saber si la información que este nos brindaría es valiosa para la investigación llevada a cabo en San José. Esto, unido a los incumplimientos del Departamento de Justicia en otros casos, vino a complicar más la situación.

4) Con la finalidad de restablecer las buenas relaciones entre las autoridades de los dos países, recibí la visita del señor John Beasley, agregado de Justicia de los Estados Unidos para Centroamérica acreditado en la Embajada de ese país en San Salvador, con quien hemos tratado de corregir los entuertos, especialmente el de la citada negociación de inmunidad con el imputado europeo procesado en los Estados Unidos.

5) Después de muchos intentos, al finalizar la tarde del pasado lunes 21 de abril, el señor Beasley convino con nuestra Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI), que la sesión privada para una primera aproximación con el imputado y su abogado en Miami se llevaría a cabo en esa ciudad el día de ayer, 24 de abril del 2008. Después de mucho correr, el día 23 de abril llegué a la ciudad de Miami acompañado de la fiscala auxiliar Criss González, para participar en la citada sesión el día 24. Programé la conexión aérea para continuar el sábado 26 hacia la ciudad de Washington, con la finalidad de atender una invitación del procurador general de los Estados Unidos a los fiscales federales de Centroamérica, para reunirnos el día 28, así como asistir a la REMJA (Reunión de Ministros de Justicia y Fiscales Generales de América) en las oficinas de la OEA.

6) Cuando hacíamos fila para pasar por migración en el aeropuerto de Miami, fui llamado por los altavoces para que me presentara al mostrador de información. Cuando nos presentamos, fui llevado al extremo del salón donde un oficial de la Policía de Aduanas y Migración examinó mi pasaporte de servicio (pasaporte oficial) y mi visa de ingreso a los Estados Unidos adherida a mi pasaporte particular. Me preguntó por mi ocupación, el tiempo de mi estadía y el propósito de mi visita. Todas las preguntas fueron contestadas. Después me tomó las huellas dactilares de los dedos índice izquierdo y derecho y una fotografía, pero, para mi sorpresa, en vez de sellar los documentos para autorizar mi ingreso a territorio estadounidense, los entregó a otro oficial de Policía y fui llevado a otro salón lleno de personas donde al menos, según pude observar, estaba una esposada y debidamente custodiada. Comprendí entonces que me encontraba detenido para alguna investigación. Y no se trata de semántica: estaba detenido, privado de mi libertad, con independencia de la terminología que ahora vayan a emplear las autoridades estadounidenses.

7) En dicho salón otro oficial, frente a los otros detenidos, me ordenó sentarme. Le dije que yo era el fiscal general de Costa Rica y pedía una explicación, pero, con absoluta prepotencia, me ordenó de nuevo sentarme “por razones de seguridad”. Unos treinta minutos después, fui llevado a un cubículo donde otro policía trató de interrogarme en inglés, por lo que le informé que yo solo hablo español y tenía derecho a que la diligencia se realizara en mi idioma. Abandonó el cubículo y vino en su lugar otro policía apellidado Vega, según pude leer en la placa dorada sobre el bolsillo derecho de su camisa. Después de un rato dejaron a la fiscala Criss González ingresar al cubículo a acompañarme y no sé desde qué momento escuchó ella la siguiente conversación:

8) Tuve un diálogo con el policía Vega de una hora aproximadamente (no recuerdo el tiempo exacto), en el que exigí ser informado del motivo de mi detención según lo dispone el artículo 7.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero el policía Vega me dijo tener órdenes superiores de no darme información alguna, confirmando con ello no solo la arbitrariedad de mi detención, sino además el abuso de autoridad.

9) En algún momento, el funcionario de protocolo que me llamó originalmente al mostrador de información, se presentó al cubículo donde me interrogaban y advirtió al policía Vega que afuera me esperaban los policías que me servirían como escolta durante mi estadía en Miami (según coordinaciones realizadas por la OATRI con el Inspector General del Miami Dade County). Tampoco valió para nada esta información.

10) Le hice ver que en mi condición de fiscal general de Costa Rica me encontraba en los Estados Unidos para una reunión al día siguiente con fiscales federales de fraudes en Miami, que el día 28 estaba invitado a una reunión en Washington con el procurador general de los Estados Unidos y después debía estar en una reunión en la OEA. A todas estas razones el policía Vega respondió: “Eso no interesa”.

11) Insistí en que la arbitrariedad de que estaba siendo objeto no era tanto una ofensa para mí en lo personal, sino para el Gobierno y el pueblo de Costa Rica con el que los Estados Unidos tenían históricamente una excelente relación. Pero la respuesta del policía Vega fue: “Eso no interesa”.

12) Exigí nuevamente ser informado del motivo de mi detención y, por primera vez, el policía Vega reaccionó diciéndome que había un aparente problema con algún homónimo costarricense. Le expliqué que en Costa Rica solo mi hijo y yo llevamos el mismo nombre, por lo que no estaba conforme con la explicación y de nuevo exigí ser informado del motivo de mi detención. Entonces, el policía Vega reiteró que por órdenes superiores no podía darme información. Le pregunté por la identidad de la autoridad superior que le había dado esas órdenes, a lo que contestó: “Comprenda que si le digo eso me quedo sin empleo”.

13) En ese punto pude dar cuenta que ante mi detención arbitraria y violatoria de mis derechos humanos, la policía de los Estados Unidos ya había pretendido inventar un motivo (crear una razón, mentir sobre un homónimo) para justificar el abuso del que yo era víctima, por lo que sentí temor de que inventaran algo peor y me condujera a prisión. Entonces dije al policía Vega que nos ahorráramos tiempo, que me devolviera mis documentos y nos llevara a la línea aérea para regresar de inmediato a Costa Rica, en virtud de la ofensa que estaban haciendo a mi patria.

14) Entonces vino la mayor sorpresa de todas: Salió unos segundos, regresó con mis documentos y selló mi ingreso a los Estados Unidos; me los entregó, pero me acompañó a las oficinas de American Airlines para cerciorarse de nuestro regreso a Costa Rica para el día siguiente en la mañana. Le dije que nos hospedaríamos en el hotel del aeropuerto y se despidió de nosotros. Esto es, autorizaron mi ingreso asegurándose de mi salida inmediata del país.

15) Curiosamente, la habitación 540, en la que estuve hospedado en el hotel del aeropuerto de Miami, no tenía salida internacional y, pese a mis quejas, nunca se me brindó ese servicio, debiendo recurrir a la penosa situación de tener que hacer una llamada a Costa Rica desde la habitación de la fiscala Criss González.

16) De la penosa situación se enteró en Costa Rica el director del I.C.D., Mauricio Boraschi, quien trató de comunicarse conmigo al hotel del aeropuerto de Miami, pero, al pedir la habitación del huesped Francisco Dall’Anese, la respuesta fue que no había registro alguno a ese nombre.

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Señor Canciller:

Las autoridades aeroportuarias de Miami sabían de mi llegada, toda vez que fui llamado por los parlantes. Me identifiqué verbalmente y con mi pasaporte de servicio como fiscal general de Costa Rica en visita oficial, pero de nada valió; me detuvieron y me trataron peor que a un delincuente pues nunca se respetaron mis derechos. Sabían exactamente a quién estaban deteniendo.

Ruego tomar nota de que la acción estaba dirigida contra la investidura del fiscal general de Costa Rica, toda vez que a mi subalterna la fiscala Criss González le dieron autorización de ingreso sin problema alguno, así como “casualmente” una habitación con línea telefónica internacional.

Las autoridades de los Estados Unidos no justificaron mi detención. Y es tan claro que no había cargo o sospecha en mi contra, que todo se solucionó cuando manifesté mi voluntad de regresar a Costa Rica de inmediato, de lo cual se cercioraron. Si hubieran tenido verdaderas razones para detenerme, en el momento en que yo expresé mi intención de abandonar los Estados Unidos, el procedimiento hubiera sido ponerme en prisión preventiva para evitar la fuga; pero, como todo fue una arbitrariedad y un abuso de poder, me dejaron salir escoltado por el policía Vega para asegurarse del cambio de billete de avión para mi regreso a la mañana siguiente, así como mi hospedaje en el hotel del aeropuerto.

Unido este último atropello a los antecedentes de incumplimientos por parte de la Fiscalía Federal de Fraudes de los Estados Unidos, mi interpretación personal es que todo lo expuesto se hizo para evitar que yo tuviera acceso al ciudadano europeo detenido en Miami.

De antemano le informo, señor Canciller, que en mi criterio no es suficiente una disculpa de la Embajada de los Estados Unidos para Costa Rica. Exigiré:

kSe imponga la responsabilidad penal a quienes me hicieron víctima de privación de libertad.

kSe indemnice al Gobierno de Costa Rica por los gastos en que ha incurrido.

Caso de no prosperar estas peticiones ante las autoridades de los Estados Unidos, formularé la respectiva denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Debe quedar claro que llegaré con esto hasta las últimas consecuencias, porque, con independencia de quién ostente el cargo de fiscal general de la República, Costa Rica no debe soportar humillaciones de parte de país alguno.

Dejo así rendido mi informe.

Francisco Dall’Anese

Fiscal general de la República