Crédito propuesto por Iglesia y Grupo Sama a hotelera suiza

Cláusula previsora de ilegalidad es normal en contratos de préstamo

 Varios abogados especialistas en el ramo confirman que es práctica común

 Cláusula se suele utilizar para proteger de mejor manera a los acreedores

Abogados del medio bancario consideran completamente normal una cláusula incorporada al contrato propuesto por la Iglesia y funcionarios del Grupo Sama a la empresaria hotelera Anna Moscarelli, para prever la exigibilidad anticipada de un préstamo si la operación fuera declarada ilegal por las autoridades judiciales o administrativas.

Esa disposición, titulada en el contrato “Eventual ilegalidad del préstamo”, se ha convertido en norma usual en los contratos de préstamo, dijeron los abogados consultados.

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La cláusula prevé la posibilidad de que un contrato sea declarado ilegal por las autoridades pertinentes y busca proteger al acreedor para que, en esa eventualidad, recupere el dinero adeudado. En el caso del contrato propuesto a la empresaria Moscarelli para sustituir un fideicomiso constituido con anterioridad, la eventual declaratoria de ilegalidad del contrato habría obligado a la empresaria a pagar la totalidad del préstamo en un plazo de 60 días.

La cláusula dice: “Si durante la vigencia del contrato de préstamo o cualquiera de sus prórrogas, se llegare a declarar ilegal, por resolución firme de autoridad judicial o administrativa competente, que será ilegal para el acreedor que el acreedor haga o mantenga el préstamo o reciba cualquier suma que de otra manera las deudoras deberían efectuar de acuerdo con este contrato, el acreedor notificará dicha circunstancia a las deudoras, quien deberá prepagar el préstamo en su totalidad dentro de los siguientes sesenta (60) días calendario, sin penalidad o multa alguna por dicho prepago, pero junto con los intereses devengados y debidos a la fecha del prepago del préstamo y cualquier otra suma debida a la acreedora por las deudoras de conformidad con este contrato.”

La Naciónintentó hablar anteayer con los abogados y otras personas presentes en la reunión donde se propuso el contrato a Moscarelli, pero declinaron dar explicaciones sobre el tema con excepción del Lic. José Pablo Badilla, quien dijo no haber reparado en la citada cláusula al revisar el contrato.

Moscarelli recibió créditos por unos $3 millones luego de constituir un fideicomiso donde las acciones de tres hoteles de su propiedad sirvieron de garantía. Los fondos fueron girados desde la cuenta “Conferencia Episcopal Nacional de Costa Rica Servicios Pastorales” en el Banco Nacional. El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor José Francisco Ulloa, asegura que los préstamos fueron hechos sin consentimiento de la Conferencia por el ya fallecido administrador de Servicios Pastorales, Jorge Torres.

El año pasado, luego de la muerte del administrador, la Iglesia supo de la operación y en el curso de las conversaciones con la deudora se dio el ofrecimiento de sustituir el fideicomiso por el contrato de préstamo donde figura la cláusula de “eventual ilegalidad” que los abogados consultados consideran totalmente normal en ese tipo de documento. Uno de ellos explicó que desde hace años, especialmente bajo el impulso de la internacionalización de la banca costarricense, los abogados del ramo adoptaron la cláusula de eventual ilegalidad para proteger mejor a los acreedores.

“Es una previsión muy usual en los contratos de préstamo. Los contratos norteamericanos siempre la incluyen”, dijo el experto.

El contrato de préstamo ofrecido a Moscarelli nunca fue firmado, porque la empresaria manifestó que tenía la intención de liquidar el préstamo apenas lograra vender uno de los hoteles. Posteriormente, Moscarelli se atrasó en los pagos y se practicó la ejecución del fideicomiso firmado originalmente, con lo cual la empresaria perdió los hoteles.