La desintegración de Bolivia

 Sumergido en una aguda crisis, el país corre el riesgo de la disolución

 Lejos de buscar soluciones, el Gobierno ha estimulado la confrontación

Desde hace tiempo, Bolivia es un país en crisis permanente. Ahora, sin embargo, parece haberse convertido en algo aún peor: un Estado en disolución y a punto de precipitarse en la violencia. La culpa de sus gravísimos problemas la comparten varios actores, pero su motor principal ha sido la actitud confrontativa, intransigente y autoritaria del gobierno de Evo Morales. Mientras esto no cambie, será muy difícil desactivar la bomba de tiempo (cada vez más acelerada) que amenaza la paz, la democracia, la institucionalidad y la integridad territorial bolivianas. Hasta ahora, sin embargo, lejos de aplacar los ánimos, el Presidente no ha hecho sino exacerbarlos.

Como hemos dicho en otros editoriales, Bolivia vive un conjunto de agudas y profundas confrontaciones, que giran alrededor de factores ideológicos, políticos, económicos, sociales, étnicos y regionales. Pero son estos últimos los que, desde que Morales decidió imponer una nueva Constitución con desconocimiento de las reglas establecidas para tramitarla, han aglutinado a los demás y se han convertido en la punta de lanza de los reclamos opositores.

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Morales, electo presidente en diciembre del 2005, logró que su partido, Movimiento al Socialismo (MAS), triunfara en los comicios para la Asamblea Constituyente, en junio del 2006. Sin embargo, obtuvo la mayoría calificada que le habría permitido controlarla, por lo que estaba obligado a negociar con la oposición su proyecto de “refundar” Bolivia. Después de algunas prometedoras declaraciones, su curso real fue de enfrentamiento. Esto atizó los ánimos, incluidos los de autonomía, por parte de los departamentos más productivos del país: Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, bastiones opositores y donde predomina la población blanca y mestiza, no indígena.

El enfrentamiento se agudizó luego de que, en diciembre del pasado año, la Asamblea aprobó, sin contar con la oposición y en contra de la normativa establecida, el texto de Constitución que deberá ser sometido a referendo. A partir de aquí todo se ha precipitado, y está previsto que el próximo domingo 4 de mayo Santa Cruz celebre un referendo sobre su estatuto de autonomía: virtualmente, el comienzo de un proceso de desmembramiento nacional, al que luego se sumarían el resto de los departamentos contestatarios.

La gravedad de la situación, no solo desde el punto de vista de la integridad del Estado, sino de la grave amenaza para la convivencia y la paz, fue descrita claramente por el excanciller argentino Dante Caputo, secretario de Asuntos Políticos de la Organización de Estados Americanos (OEA), y enviado especial a Bolivia: “La posibilidad de que (el referendo) se transforme en conflicto es cierta, y la posibilidad de que el conflicto se transforme en enfrentamiento, también”.

Ante una situación así, un Gobierno sensato entendería como parte su deber y su necesidad buscar una salida negociada e institucional. Sin embargo, ha actuado de forma peligrosamente contradictoria, Por una parte, parece dispuesto a unas negociaciones con la mediación de la OEA, y su embajador ante el organismo ha dicho que Morales estaría dispuesto a “enmendar errores”. Por otra, sin embargo, el Presidente participó, el miércoles, en una reunión de “emergencia” de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA), círculo de afines políticos dominado por Hugo Chávez, que culpó “al imperio” estadounidense de propiciar un “intento separatista” en Bolivia, y le otorgó una “solidaridad” que, más bien, parece una declaratoria de guerra.

El resultado de esta imprudente internacionalización del conflicto no podía ser otro que una escalada de tensiones. Por esto, hoy Bolivia se encuentra sumergida en un triángulo con tres vértices sumamente graves: el separatismo, el autoritarismo y la violencia. Las perspectivas de desactivar los detonantes son, por ahora, remotas. Y Morales deberá asumir la responsabilidad principal de lo que ocurra.