Levantó prohibición de hace 6 años

Gobierno reactiva permisos para minas de oro

 Decreto protege acuíferos y, por cada árbol talado, obliga a sembrar tres

 Organización ambiental repudia la medida y los mineros la aplauden

El Gobierno firmó esta semana un decreto que permitirá la concesión de nuevos proyectos de minería de oro y otros minerales a cielo abierto en el país.

Con la firma de este decreto se levanta la moratoria que estaba vigente desde junio del 2002.

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Hace seis años, el entonces presidente Abel Pacheco (2002-2006), prohibió la explotación de oro para evitar la tala de bosque y el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, para extraer el mineral.

Sin embargo el Gobierno de Óscar Arias cambió de criterio.

Roberto Dobles, ministro del Ambiente y Energía, confirmó que el decreto ya estaba firmado y que no solo levanta la moratoria vigente desde el 2002, sino que establece una serie de “salvaguardas” para proteger el ambiente.

En un comunicado de prensa distribuido ayer, el Gobierno dice que “considera que la actividad puede realizarse siempre y cuando cuente con la viabilidad ambiental, social y económica”.

Dobles dijo que los controles incluyen que la empresa garantice la protección de los recursos hídricos superficiales y subterráneos.

Además, el decreto sostiene que el Estado vigilará todo el proceso de exploración y explotación de los proyectos hasta su cierre técnico.

Entre otras salvaguardas, el decreto pide que por cada árbol talado en la explotación minera, el concesionario siembre tres.

En la actualidad, solo hay vigentes dos proyectos grandes de explotación de minería a cielo abierto: uno en Montes de Oro, Puntarenas y otro en Crucitas, San Carlos.

El primero extraía oro desde el 2005, pero paralizó operaciones en julio del 2007, cuando un enorme deslizamiento provocó daños en los patios de operación y rompió la geomembrana que protegía al suelo de las sustancias tóxicas del proceso.

En el caso de Crucitas, la empresa concesionaria, Vannessa Ventures, no ha podido explotar la mina por una discusión legal sobre los requisitos que requiere para operar.

Apoyo y crítica. Anoche, al enterarse del decreto, Franz Ulloa, presidente de la Asociación Cámara Costarricense de la Industria Minera, dijo estar satisfecho.

“Es como para hacer fiesta, porque la industria minera es importante para la producción y el desarrollo del país”, agregó.

Pero en la otra acera, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) lamentó la decisión.

“Como ambientalista solamente puedo expresar mi pena y mi indignación renombrando la política del gobierno como: en paz descanse la naturaleza”, dijo Heidy Murillo, presidenta de Fecon, en un correo electrónico.