Dinero prestado proviene de inversores que obispos no quieren identificar

La Iglesia y Sama previeron ilegalidad de crédito a hotelera

 Bufete Laclé & Gutiérrez redactó contrato con cláusula de confidencialidad

 Obispos guardan silencio acerca de operaciones financieras

Los representantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica y del Grupo Sama previeron que el préstamo de $3 millones cedido a la empresaria hotelera Anna Moscarelli podía ser declarado ilegal por las autoridades judiciales ticas y trataron de formalizar un contrato para protegerse.

Así consta en la propuesta “Contrato de préstamo” que el gerente general del Grupo Empresarial Sama, Rolando Cervantes, junto con el administrador de Servicios Pastorales, sacerdote Guillermo Godínez Zúñiga y el excontador de Servicios Pastorales, Minor Rojas Solano, discutieron con la empresaria, en julio pasado.

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La propuesta de contrato fue elaborada por el bufete Laclé & Gutiérrez Abogados y contiene una cláusula llamada “Eventual ilegalidad del préstamo”.

En esa cláusula los acreedores tomaron una precaución previendo el caso de que la operación de crédito fuera declarada ilegal por las autoridades judiciales.

La cláusula indicaba que, si durante la vigencia del préstamo alguna autoridad judicial o administrativa llegaba a declarar ilegal la operación, los deudores tenían la obligación de cancelar toda la deuda en un plazo de 60 días.

Encuentro. Entre el 2002 y 2007, Anna Moscarelli recibió prestados $3 millones girados desde la cuenta de la “Conferencia Episcopal Nal. de Costa Rica Servicios Pastorales”, en el Banco Nacional. Ella tuvo atrasos en el pago y le ejecutaron un fideicomiso en donde las acciones de tres hoteles garantizaban la operación.

Por la ejecución del fideicomiso, Moscarelli presentó a principios de este mes una denuncia contra el presidente de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, monseñor José Francisco Ulloa, por el presunto delito de administración fraudulenta.

Moscarelli, nacida en Suiza, fundó dos hoteles en Papagayo y uno en Tortuguero, los cuales valora en $30 millones.

Ella dice que tras recibir el borrador del contrato de préstamo, fue citada a una reunión para discutir el tema de su deuda.

El encuentro se dio en la oficina del administrador Guillermo Godínez, en Servicios Pastorales.

Estuvieron allí el excontador de Servicios Pastorales, Minor Rojas, y el gerente del Grupo Empresarial Sama, Rolando Cervantes, quien, según Moscarelli, se presentó como asesor de monseñor Ulloa.

Moscarelli dice que en la reunión ella comunicó a Cervantes, Godínez y Rojas que no firmaría ese contrato de crédito pues estaba en proceso de cancelar su deuda.

La hotelera indicó además que, antes de pagar, debía establecer cuál era el monto total de su acreencia, ya que tenía diferencia sobre la cifra total que se le reclamaba.

Según Moscarelli, Godínez le dijo que la persona con la que debía tratar ese tema era el obispo Ulloa.

Ayer, tanto el presidente y el gerente general del Grupo Sama, Víctor Oconitrillo y Rolando Cervantes, alegaron que están legalmente impedidos de referirse al tema.

“Como corredor de bolsa y presidente de un puesto de valores debo guardar confidencialidad de mis clientes porque así me lo exige la ley. Si mi cliente (la Conferencia Episcopal de Costa Rica) no me autoriza por escrito, debo guardar silencio”, dijo Oconitrillo.

José Pablo Badilla, abogado del excontador Minor Rojas, confirmó que él y su cliente participaron en la reunión donde se discutió el contrato. Según Badilla, él no reparó en la cláusula llamada “Eventual ilegalidad del préstamo”.

Agregó que, según recuerda, quien participó de la reunión fue el abogado Alfonso Gutiérrez Cerdas y no Cervantes, gerente de Sama. Indicó que tiene idea de que el contrato lo redactó Gutiérrez.

Gutiérrez se negó ayer a comentar las razones por las que su bufete incluyó en el contrato una cláusula previendo que una autoridad judicial declarase ilegal el préstamo.

Y dijo: “No discuto asuntos profesionales por la prensa, estoy sujeto al secreto profesional”.

El 10 de abril, en una entrevista con La Nación , monseñor Ulloa admitió haberse reunido con Moscarelli a petición de la empresaria.

Según Ulloa, el administrador de Servicios Pastorales, Jorge Torres (fallecido el año pasado por cáncer), hizo sin consentimiento de los obispos un préstamo utilizando dinero de Servicios Pastorales.

Confidencial. En el contrato que los representantes del Grupo Sama y de la Iglesia propusieron a la hotelera, se incluía también una cláusula de confidencialidad para mantener en silencio información “de cualquier naturaleza que una parte obtuviera de la otra”, con ocasión de esa operación de préstamo.

La propuesta era un compromiso de “total confidencialidad acerca de la información de cualquier naturaleza que obtenga una (parte) de la otra, sus operaciones, clientes y cualesquiera otras”.

También se proponía mantener en secreto “las políticas” que cualquiera de las partes hubiera conocido que la otra realizaba.

El compromiso de silencio incluía la información adquirida antes y después del contrato y las partes solo quedaban eximidas de su compromiso en caso de orden judicial o acuerdo escrito entre ellas.