Cambios en estrategia social

 La salud mental y la condición de los menores requieren atención especial

 El abordaje debe incluir la prevención y el cambio institucional

Sea porque algunas prácticas se vuelven ineficientes y –en ciertos casos– hasta perjudiciales, o porque se aceleran tendencias y surgen nuevos desafíos, las instituciones y políticas sociales y de salud están en la obligación de evolucionar. De ello depende, en buena medida, que su incidencia sea cada vez más vigorosa y oportuna, en cumplimiento de sus responsabilidades y mandatos.

Dos informaciones que publicamos en días recientes ilustran, desde ámbitos distintos, pero vinculados, esta realidad. Por un lado, está el incremento en la incidencia de enfermedades mentales en el conjunto de la población, pero, sobre todo, en las mujeres. Esto plantea un reto directo no solo a nuestras autoridades de salud, en la CCSS y el ministerio respectivo, sino, también, a todas aquellas instancias, tanto públicas como privadas, que pueden impactar en el estado anímico de la población. Por otro lado, están las deficiencias en el andamiaje de atención a niños y adolescentes, y la decisión, ya adoptada por el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), de modificarlo mediante un nuevo enfoque operativo.

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El incremento en la incidencia de enfermedades mentales no es algo nuevo, ni en el mundo ni en nuestro país. Se trata de una tendencia que se hizo manifiesta desde hace varios años, pero ante la cual nuestro Estado no reaccionó oportunamente. En el 2004, por ejemplo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que ha advertido reiteradamente sobre el tema, detectó serios vacíos en nuestro abordaje institucional. Sin embargo, a partir de entonces, tal como informamos en un reportaje del 13 de abril, es poco lo que se ha avanzado.

Una enorme cuota de responsabilidad corresponde a la Caja. Sin embargo, quedarnos en esa dimensión sería en extremo miope. Si en algún ámbito la acción preventiva y el estímulo de políticas integrales son clave, es en salud mental, porque tiene mucho que ver con el entorno familiar, laboral y social de las personas. Por ello, la OPS advirtió en su informe de hace cuatro años que “los problemas psicológicos, psicosociales y del desarrollo que afectan a la niñez y la adolescencia”, demandan el diseño y ejecución de “un plan nacional específico”, dentro del cual es clave la “protección de los grupos más vulnerables”. En esta acción tenemos una evidente mora, que debe corregirse, y el liderazgo, con visión integral, deben asumirlo el Ministerio de Salud y la CCSS.

Sobre los menores de edad, específicamente, nos complace el nuevo abordaje del PANI, sobre el cual informamos el pasado domingo. En esencia, se trata de una mejor articulación entre la institución y las múltiples organizaciones no gubernamentales (ONG) vinculadas con la atención de la niñez y la adolescencia. Esto incluye una mayor concentración del Patronato en la rectoría, diseño y control de políticas y acciones, y menor dedicación a la prestación directa de servicios, que lo desvía de su misión central y que otras entidades pueden hacerlo mejor. Implica, además, reenfocar la acción de los albergues y hogares sustitutos, para que preparen más a los jóvenes para la vida activa, una vez que lleguen a la mayoría de edad. Sin embargo, por muy bien encaminadas que estén tales acciones, la prevención dirigida hacia la niñez y la adolescencia excede por mucho al PANI.

En ambos ámbitos –la salud mental y la atención a los menores– estamos ante la obligación común de planificar, integrar, coordinar y actuar de manera más eficiente. Estamos, también, ante la necesidad de que las instituciones sean capaces de evolucionar al ritmo de los nuevos desafíos. Así invertirán mejor los recursos siempre escasos, y así cumplirán más plenamente con el objetivo final, que es mejorar la calidad de vida de la población.