93.000 patronos están morosos en el pago del 5% sobre planillas

Vacío legal impide cobro de ¢66.000 millones para pobres

 Asignaciones Familiares sin facultad para hacer cobros judiciales

 Dinero se usa para atender programas contra pobreza, entre ellos, Avancemos

Un vacío legal impide al Estado cobrar ¢66.000 millones que adeudan patronos morosos a un fondo creado para ayudar a un millón de personas pobres.

Se trata del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el cual se alimenta con el 5% de la planilla de los patronos públicos y privados, y el 20% de los ingresos que genera el impuesto de ventas.

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El problema es que no está bien definido a qué entidad le corresponde hacer el cobro judicial a los patronos que deben ¢66.000 millones: si a la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf, que administra el Fodesaf) o a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

La Procuraduría General de la República determinó, desde abril del 2005, que la Desaf no tiene facultades legales para obligar a los patronos morosos a pagar.

Por ello, la Procuraduría (que funge como abogado del Estado), recomendó desde ese año a Desaf “contratar con la CCSS” un sistema para que sea la CCSS la encargada de recuperar la plata.

Sin embargo, tres años después, no hay acuerdo e incluso la CCSS planteó “inconvenientes” para realizar los cobros.

Datos que le dio la Desaf al diputado de Acción Ciudadana, Sergio Alfaro, indican que de los 93.000 patronos morosos, 482 deben ¢25.000 millones. Es decir, el 0,52% de los patronos representa el 38% de la morosidad total.

Ante esas cifras, la Contraloría General de la República (CGR) pidió al rector del sector social, en agosto del 2006, que coordinara con la CCSS para que cobrara.

Intentos. El 26 de octubre del 2006, ante la solicitud de la CGR, Fernando Zumbado, ministro rector del sector social, se reunió con los jerarcas de la CCSS.

Ese día nombraron coordinadora a la viceministra Ana Isabel García. En diciembre del 2006, se reunieron por segunda vez y en marzo del 2007 se llevó a cabo la última reunión. Desde entonces, el asunto quedó paralizado.

Alfaro, quien ha insistido en la urgencia de recuperar esos fondos, calificó a la CCSS de “negligente”.

El diputado no entiende por qué el Gobierno y la Presidencia Ejecutiva de la CCSS no establecen un convenio para poder cobrar.

Luis Diego Calderón, director de cobros de la CCSS, dijo que la entidad está en la mayor disposición de afrontar la situación.

No obstante, enfatizó en que se deben establecer instrumentos claros para que la CCSS no se vea perjudicada en el proceso de cobro.

Calderón indicó que la CCSS deberá incurrir en gastos al momento de ejecutar los cobros judiciales, por lo que debe garantizarse el pago de esos costos por parte de Desaf.

Jorge Baldioceda, director del Desaf, aseguró que están conscientes de que deberán pagar a la CCSS el costo por recuperar deudas.

Agregó que siempre han estado anuentes al pago y, por ello, la falta de cobro no es culpa de Desaf.

Ana Isabel García, responsable de coordinar las acciones que pidió la CGR, dijo que solo esperan que la CCSS indique cuándo se reactivarán las conversaciones.

Aseguró que esos dineros urgen para programas sociales como “Avancemos (becas a estudiantes)”, atención a albergues de ancianos, financiamiento a comedores escolares y a los proyectos dirigidos a personas que en riesgo social y poblaciones indígenas.