Página Quince Thelmo Vargas

Incentivos y delincuencia

 Conviene modernizar la legislación antes de que la gente tome la ley en sus manos

Economista

Hace más de treinta años, concretamente el 29 de octubre de 1975, escribí en esta sección, que entonces se llamaba (y coincidía con) la página 15, un artículo que titulé El ladrón como aventajado profesional . En él mencioné algunas circunstancias que operaban como incentivos perversos a favor de los ladrones. Inicié el artículo destacando que, sobre el fenómeno del robo creciente, “por mucho tiempo nos conformamos con explicaciones sicológicas y sociológicas: el ladrón –entre otros delincuentes-– es un inadaptado social. Hoy la realidad nos muestra que esa no es toda la explicación, ni siquiera la más importante. El ladrón de nuestros días –como quizá el de todos los tiempos– es un profesional. El robar es un oficio, por feo que pueda sonar al oído ingenuo. Para entrar en él, como en cualquier otro, el candidato evalúa todos sus pros y todos sus contras. Dependiendo del resultado neto que obtenga, decide hacer carrera en él, temporal o permanentemente”. Y, agregaría hoy, estos cálculos los hacen no solo ticos sino, crecientemente, hasta extranjeros que encuentran que en Costa Rica robar y hasta matar “es un vacilón”.

Hace 30 años… “El peso de los pros y el de los contras no solo depende de ciertas preferencias individuales en cuando al riesgo y reconocimiento social, sino que está fuertemente influido por fuerzas externas al individuo y por ello es de esperar que, cuando las cosas se mueven en un cierto sentido, haya razón para que las tasas de robo se muevan en una dirección determinada.

En una Costa Rica inflacionaria, de impuestos a la orden del día y de limitaciones y penas económicas al juego que la sociedad considera limpio, no es de extrañar que comience a tener ventaja el juego sucio (...) Es obvio que una manera de anular la ventaja relativa antes mencionada es incrementando las desventajas asociadas con la conducta antisocial. Esto se puede lograr aumentando las penas a quienes a tal cosa se dedican. También aumentando la eficacia de identificación de delincuentes.

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Pero, a juzgar por las noticias últimas, en esto, en vez de progresar, empeoramos día con día. Los autores de delitos permanecen inadvertidos y –con algo que pasa de sonrisa a risa y a cólera– se nos dice desde las más altas esferas públicas que estamos en manos del hampa. Eso todos los desprotegidos consumidores lo sabemos; lo que nos duele un poco es que tan claramente lo digan, pues nos quitan la última esperanza de estar equivocados. Se nos da a renglón seguido la excusa tradicional: el órgano de protección pública necesita más recursos. Nunca parece suficientemente importante el problema de si con los mismos recursos actuales podríamos hacer mejor labor”.

“¿Se tiene idea de la eficacia de la labor , por ejemplo, del servicio de radiopatrullas? Son ellas –en lo que a disminución de robos se refiere– más eficientes que actuar sobre el mercado secundario de productos robados, que todo el mundo, incluyendo a las propias autoridades, sabe donde queda?”. ¿Cuál sería el efecto, sobre la tasa de bajonazos y robos de vehículos, de un programa de visitas intermitentes y sistemáticas a las ventas de repuestos usados de carros, y a talleres de refacción, para conocer el origen de sus inventarios? ¿Cuál sobre el roble de cable eléctrico en obras públicas si se hace lo mismo con las fundiciones?

Deterioro. El artículo termina señalando cómo el Gobierno, por decidir llevar a cabo labores irrelevantes, que los privados pueden perfectamente realizar (como es que el Ministerio de Economía, y no asociaciones de consumidores, investigue y publique listas de precios de los televisores), abandona otras que sí le son propias, como son los servicios de seguridad ciudadana y asegurarse de que las escuelas públicas cuenten con pupitres, pizarras, tiza y equipos.

Pues bien, esta materia de (in)seguridad ciudadana en nuestro país se deterioró en los últimos treinta años. Hoy el robo no es el único temor. El temor es que, por robar un celular o unos tenis viejos, los ladrones no tienen ya reparo en matar a sus legítimos dueños –es decir, a cualquiera de nosotros–. El problema es que los tribunales nunca parecen recibir suficiente evidencia como para detener y procesar a delincuentes. Hampones capturados una y otra vez (puede que hasta ocho veces en un año) son soltados para que sigan con sus fechorías en sus cotos de caza y para que, con su ejemplo, reafirmen en otros, usualmente jóvenes que dudaban, lo rentable que es una actividad que prácticamente solo obtiene ingresos fáciles, no incurre en costos y es tax free .

Como escribí hace treinta y resto de años, la ventaja del delincuente profesional se vería reducida si se aumenta la probabilidad de que se le identifique y capture. Y si, una vez condenado, la pena es alta, significativamente más alta que el daño causado a su prójimo. De estas variables, la que más contribuye a modificar su conducta es la elevación de la pena. Sigamos en esto la probada enseñanza de la industria del seguro: el móvil que llama a tomar una póliza no es la pérdida esperada, o promedio, sino la gravedad del daño si el riesgo se materializa.

Conviene, por tanto, modernizar la legislación en este sentido. Y procede hacerlo antes de que la gente de buena voluntad decida emigrar o –peor– tomar la ley en sus manos, acogiendo con alegría un sistema de linchamientos públicos, en la plaza del pueblo, dirigido contra toda persona sospechosa. ¡Pobrecitos los feos!