Considera que despido atenta contra independencia de los juristas

Asociación de jueces pide a Corte anular destitución de dos colegas

 Un juez liberó a narcos y otro no acudía con policías a levantar cuerpos

 Grupo dice que es primera vez en años que se aplica máxima sanción a jueces

Hazel Feigenblatt

La Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), la cual agrupa a jueces del país, solicitó a la Corte Plena revocar un acuerdo en el que se decidió destituir a dos jueces por cometer un “error grave e injustificado en la administración de justicia”.

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El grupo agremia al 95% de los jueces nacionales y alega que las acciones cuestionadas a sus colegas están “fuera del alcance de la jurisdicción disciplinaria”.

Según Acojud, los órganos disciplinarios del Poder Judicial no pueden hacer valoraciones sobre cómo deben interpretar los jueces las normas y los hechos, porque ello equivale a “sustituir la opinión del juzgador” y a violentar el “principio de independencia”.

Los jueces destituidos el 31 de marzo, Manuel Sanabria Lamaitre y Carlos Luis Bermúdez Chaves, también presentaron gestiones individuales en las que solicitan a los magistrados reconsiderar la revocatoria de sus nombramientos.

Los tres recursos serán conocidos en la sesión del 21 de abril por la Corte Plena, informó Fabián Barrantes, jefe de la Oficina de Prensa de la Corte.

Abel Jiménez, presidente de Acojud, anunció que si las peticiones son rechazadas, llevará los casos a la Sala Constitucional. Según dijo, es la primera vez en varios años que se toma la máxima medida disciplinaria contra un juez.

Discrecionalidad. El juez Sanabria Lamaitre fue destituido por dejar en libertad a nueve hombres detenidos por la Policía en junio del año pasado, tras el decomiso de 800 kilos de cocaína.

Aunque la Fiscalía solicitó prisión preventiva contra los detenidos, el juez rechazó la medida y, en su lugar, impuso obligación de firmar cada 15 días e impedimento de salida del país.

Unos días después, cuatro de los narcotraficantes huyeron y la Corte Plena consideró que el juez fue “negligente”.

No obstante, la organización de jueces considera que decidir las medidas preventivas es “resorte exclusivo y excluyente de cada juzgador”, porque la ley otorga al juez “un amplio margen de discrecionalidad para decidir”.

Otro alegato es que la Fiscalía no interpuso ningún recurso contra las medidas cautelares dictadas y ello se entiende como “conformidad o aceptación”.

Miguel Larios, abogado del juez, dijo a La Nación hace unos días que su cliente “nunca incurrió en anomalías y tampoco cometió un delito”.

El otro juez, Carlos Luis Bermúdez Chaves, de 33 años, fue destituido por no acudir con la Fuerza Pública o agentes del Organismo de Investigación Judicial al levantamiento de cadáveres.

Para Acojud, el levantamiento y la solicitud de autopsia podía realizarlas también la Policía Judicial con autorización de la Fiscalía, por lo que el juez “no incumplió” sus deberes.

Bermúdez Chaves ha dicho a este periódico que él no causó ningún perjuicio, porque los casos por los que se le sancionó se refieren a una muerte natural y a dos por ahogamiento. Calificó la sanción como “inconcebible”.