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Miguel Sobrado |
Censo de necesidades
Evitar muertes por hambre y maximizar recursos
Sociólogo
Hace unas semanas La Nación publicó la noticia de la muerte por hambre de 17 niños en tres años y 17 ancianos en un año. Noticia especialmente chocante por haberse producido en nuestro país donde se recaudan por ley de Fodesaf suficientes impuestos. Muertes que no debieron producirse, ya que dichos recursos permitirían erradicar totalmente la pobreza extrema y disminuir aún más la pobreza en general.
Hay que reconocer que el actual gobierno ha dirigido un mayor porcentaje de los recursos recogidos por esta ley para dirigirlos hacia las pensiones no contributivas de los ancianos en condiciones de pobreza y hacia becas escolares, lo que ha permitido reducir el porcentaje de pobreza. Pero es difícil mantener esta tendencia en los próximos años ya que existen importantes problemas de gestión y coordinación local y regional que limitan la focalización efectiva sobre las poblaciones más necesitadas.
De hecho las muertes de hambre de ancianos mencionadas anteriormente son, ante todo, un reflejo de dichos problemas de gestión. En estas condiciones se hace bastante difícil continuar reduciendo la pobreza asignando más recursos a un canasto con huecos, especialmente frente a los nubarrones de crisis económica externa.
Para dar un ejemplo de los problemas que enfrentan los ancianos en condiciones de pobreza, basta citar la normativa institucional de la CCSS citada por Karol Montero sobre el caso de Nosara donde se le piden ocho papeles a cada solicitante que van desde la certificación del Registro de la Propiedad hasta la fotocopia de la cédula. Estos ocho certificados son una barrera infranqueable para muchas personas sin recursos. (Además no es garantía el haber sido calificado como pobre por el IMAS (FIS) para que le concedan la pensión). De tal forma que de 49 ancianos que el IMAS calificó como pobres en Nosara en el 2004 la CCSS descalificó a 35, “por tener más de 500 metros de propiedad” (sic).
Buscando un método más efectivo de gestión regional de la política social, en este caso bajo fiscalización de la población local, las cooperativas del distrito de Laurel, en el cantón de Corredores: Coopeagropal, Coopetrabasur y Coopesersur conjuntamente con la Escuela de Planificación de la Universidad Nacional montaron un Censo de Necesidades sobre 900 viviendas, aproximadamente la mitad del distrito, y ubicaron, usando una escala parecida a la Ficha de Información Social (FIS) del IMAS, los problemas de pobreza local. Esta información, una vez procesada por la Escuela de Estadística de la UCR, fue entregada al señor Ministro del Sector Social y al Presidente Ejecutivo del IMAS, durante la clausura del Laboratorio Organizacional de Terreno en diciembre pasado.
Con el Censo de Necesidades se busca facilitar la coordinación y cooperación entre las organizaciones comunales y cooperativas locales y las instituciones, así como de las instituciones entre sí.
Durante el presente año se le entregará la información detallada sobre las necesidades locales a cada organización comunal y se le indicará los programas sociales orientados a resolver estas necesidades.
En otras palabras, las comunidades y las instituciones están recibiendo información sobre las necesidades globales y las primeras pueden fiscalizar a las segundas en su quehacer.
Esto cambiará radicalmente la forma de trabajo institucional prevaleciente hasta el momento donde las instituciones se han orientado por la demanda en el mostrador de la oficina y las coloca frente a las necesidades globales de las comunidades. Esta situación no excluye la verificación, pero le añade el estímulo de la fiscalización comunal y el compromiso del Ministro rector del sector social de hacer que las instituciones mantengan coordinación como lo demanda el bienestar público.
Se trata de una experiencia particularmente interesante que nos remite, por una parte, al éxito de la participación comunal en el caso del Hospital sin Paredes, y por otra, a que es replicable en todo el país con bajo costo. Recordemos que los 947 EBAIS cubren todo el país y que, con muy pocos cambios, podríamos tener un censo de necesidades anual que permitiría extender la experiencia por todas las regiones.
Este proyecto, además de contribuir a racionalizar la política social y mejorar los resultados en la lucha contra pobreza, abre las perspectivas de un cambio institucional profundo, hacia lo que podríamos denominar la democracia digital, pero este es un tema para otro artículo.
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