Buenos Días Mauricio Martínez S. | mmartinez@nacion.com

Clamor de una madre

Jefe de Información

Una madre que acaba de perder a su único hijo adolescente en un asalto callejero exige justicia y seriedad al Presidente de la República en el tema de la seguridad ciudadana.

Pese a su dolor, con aplomo, también cuestiona, como muchos ticos, el nombramiento de una docente en Seguridad Pública y hasta asegura que, si la víctima hubiera sido el hijo de alguien del Gobierno, hoy estaría toda la Policía buscando a los responsables del crimen.

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El clamor de esta madre tibaseña es el clamor de todo un pueblo, que ya ni siquiera puede ir tranquilo a la pulpería a hacer un mandado.

Un país que hoy, en poco más de la mitad, está a favor de la pena de muerte y el linchamiento, y hasta vería con buenos ojos el uso de la tortura y la muerte de un delincuente reincidente, todo ello, según la última encuesta de Unimer.

¿Pero será necesario llegar a tales extremos? ¿Dónde quedarían, entonces, las razones de índole moral y religioso que muchas veces se han esgrimido para impedir la pena capital?

¿Se acabaría la delincuencia con solo llenar de policías las calles, tener más jueces y fiscales, y construir más módulos en las cárceles para albergar a tanto antisocial?

¿O terminaremos con el flagelo del hampa con solo nombrar a una experta en números, que conozca de estadísticas y reconozca, verbigracia, los alcances de la inseguridad y el narco?

Es evidente que ni implementando todo lo anterior, por más extremo, censurable y saludable que parezca entre distintos sectores del país, tendríamos paz y felicidad en estas tierras.

Más allá de las rejas, alarmas y los comités vecinales contra el hampa, urge un debate sobre las penas y los beneficios carcelarios. La discusión debe ser de altura, responsable y realista.

Nuestros policías deben estar mejor equipados y entrenados. No puede ser que en Cristo Rey, –¡válgame Dios!– el único oficial tenga que guarecerse en la delegación por temor a un asalto. ¿Y, ahora, quién podrá defendernos?

Las campañas publicitarias particulares también deben ser responsables. No incitar al linchamiento de los poderes del Estado, pero sí despertar la malicia y la solidaridad entre los ciudadanos y la inmediata acción del Gobierno.

Las acciones son múltiples. Lo peor que podemos hacer, Estado y familias, es cruzarnos de brazos y sentarnos a llorar.