¿Pena de muerte? Y después, ¿qué?

 La solidaridad es la mejor respuesta ante la delincuencia

Profesor ad honórem Universidad de Costa Rica

Verdadera consternación deberían causarnos los resultados de la reciente encuesta de Unimer relativa a soluciones contra el hampa (La Nación, 6/4/08) . Consternación, pero también vergüenza como costarricenses. ¿Es que entonces vamos a ser uno más de esos “Estados fracasados” en donde realmente nunca cuajaron los principios democráticos que aseguran la convivencia humana y donde solo se atina a responder a la violencia con más violencia? ¿Y vamos, pues, a echar por la borda toda esta tradición iniciada por nuestros antepasados, que hizo de Costa Rica un país modelo por su desarrollo fundamentado en la paz social y el respeto a la dignidad humana?

Abolición de la pena. Veamos: desde 1877, un gobernante esclarecido –militar, para más señas y hasta dictador, aunque con atenuantes– declara la inviolabilidad de la vida humana. Un gran paso este de don Tomás Guardia, si se considera que para 1948, cuando la ONU acuerda su Declaración Universal de los Derechos Humanos, eran solo ocho los países que, hasta entonces, habían tomado tan laudable medida. Pero para fines del 2007 eran 133 los Estados miembros que habían abolido la pena de muerte, ya en la ley, ya en la práctica. Y, según Amnistía Internacional, solo 25 países realizaron ejecuciones en el 2006; de las cuales, un 91% en seis de ellos: China, EE. UU., Irán, Iraq, Pakistán y Sudán.

¿Vamos ahora los ticos a dar marcha atrás y borrar así nuestro encomiable historial en el campo de los derechos humanos para apuntarnos en esa lista espernible, cada vez más pequeña, con la vergüenza, el escarnio y el desprecio con que seríamos mirados por el resto del mundo civilizado? Pues reinstalar la pena capital es la absoluta negación del respeto a la dignidad humana mediante el asesinato premeditado y a sangre fría de otro ser en nombre de una justicia mal entendida.

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Leyendo el “ojo por ojo” que resume la actitud revelada por los encuestados, uno se asombra y se pregunta: ¿Pero qué sociedad es esta capaz de dar respuestas así? Porque, aparte de llegar en el 2008 a un 54% la opinión favorable a la pena capital, un 51% está a favor de linchar al delincuente, en tanto que un relativamente alto 38% favorece el uso de tortura por parte de la Policía. ¿Estamos soñando? Estas personas que responden así, ¿son realmente conscientes de la miseria moral en que caen con solo declararse a favor de atrocidades como el asesinato legal, el linchamiento y la tortura?

Estado de derecho. El peor enfoque para resolver el problema es el de que las autoridades respondan a la violencia con más violencia. En algunos países vecinos se ha intentado esta solución –la más fácil– por no abocarse a un estudio serio de las muchas causas que confluyen en el fenómeno. El incrementar los cuerpos policiales y mejorar su preparación con sentido cívico puede ser una medida apropiada si se efectúa junto con el ataque a las causas sociales, económicas y culturales que crean y fomentan la delincuencia.

Tampoco se resuelve un problema que es social insolidariamente: resolviéndolo cada uno con perros, rejas, alarmas, guardas particulares… ¡y allá los otros! Menos, mucho menos, al estilo criminal del Ku Klux Klan, organizándose en banda criminal y tomando la (in)justicia en propia mano; o armándose hasta los dientes y resolviendo a tiros algo que, en todo Estado civilizado, debe ser atribución irrenunciable de la Ley.

Dos caminos tenemos por delante: para los ciudadanos respetuosos del Estado de derecho, el de crear y mejorar las organizaciones de barrio, pues la solidaridad es la mejor respuesta ante la delincuencia; y para el Estado, el de aplicar una visión civilista en una problemática tan compleja, en especial ahora en que encabezará el Ministerio de Seguridad una persona tan fiable como la académica Janina del Vecchio, quien, por su preparación y reconocido humanismo, así como por el cabal ejercicio de autoridad en todos sus cargos anteriores, es de esperar que halle soluciones prontas, justas y eficaces a una situación que este Gobierno no debe evadir, como lo han hecho todos los anteriores.