Diputados aprueban sistema de banca de desarrollo

Estado otorgará créditos a proyectos de alto riesgo

 Financiará a personas o empresas que no disponen de garantía

 Plan contó con apoyo de todas las fracciones y tiene el respaldo de bancos

Los diputados aprobaron ayer, en el primero de dos debates, un texto de ley que obliga al Estado a dar créditos a proyectos productivos de alto riesgo.

Los préstamos se otorgarán a través de la Ley del Sistema de Banca de Desarrollo, que, como lo dice su nombre, crea un “sistema” para financiar planes.

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Este sistema se financia con fondos de fideicomisos estatales y aportes bancarios que no provienen de los ahorrantes, aseguran los diputados.

Como lo reconocieron legisladores defensores de la ley, el riesgo es esencial en este sistema, pues se dirige a personas que no tienen ningún respaldo para pagar sus créditos.

El requisito es tener una “buena idea” o proyecto productivo “viable”. Esa viabilidad se calificará según parámetros que fijará un reglamento por elaborar.

“Hay que tener claro que es un sistema, son parámetros diferentes a los de la banca. No es un programa, ni un fondo ni un fideicomiso, hay que hacer un análisis diferente”, justificó el socialcristiano Jorge Eduardo Sánchez.

“Es para quien no tiene garantías, una persona que se quedó sin dinero ni hipoteca, gente que la rechazan porque tienen deudas”, amplió Francisco Molina, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

De acuerdo con el texto, el sistema da créditos, avales o garantías y capacitación o acompañamiento a personas físicas y jurídicas de micro y pequeña empresa.

También se dirige a “medianas unidades productivas” que presenten “proyectos viables y factibles” y que, según los parámetros de riesgo de los bancos públicos, no sean sujetos de crédito.

El sistema dará “tratamiento prioritario y preferencial” a proyectos “viables y factibles” que propongan unidades productivas impulsadas por “mujeres, minorías étnicas, personas con discapacidad, jóvenes emprendedores, asociaciones de desarrollo, cooperativas” y otros proyectos en zonas de menor desarrollo.

A pesar de las características del plan, representantes de la banca pública como privada mostraron satisfacción por su aprobación.

“El gran reto de las microfinanzas es incorporar clientela que aún no ha sido atendida y que requiere servicios especializados (...) Además, el proyecto contribuye con la desmitificación de que ser pequeño implica ser riesgoso y no ser sujeto de crédito”, dijo Mario Castillo, presidente de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) que agrupa los bancos privados.

Para Guillermo Quesada, gerente de Bancrédito, lo que debe quedar claro es que se usarán criterios técnicos y no políticos para garantizar el funcionamiento de este sistema. Bancrédito será el administrador de dos de los tres fondos que integran el sistema.

Historial. Según el liberacionista Fernando Sánchez, en los últimos 12 años se dieron otros 24 proyectos con el mismo espíritu de “banca de desarrollo”. Ayer el proyecto número 25 obtuvo los votos de los 42 legisladores presentes a las 9:30 a. m.

En la barra de público, decenas de productores aplaudieron la aprobación, sobre todo porque el proyecto de ley incluye el perdón de ¢20.000 millones a 7.000 agricultores. Ese monto equivale a un 80% de las deudas que tienen con el Fideicomiso Agropecuario (Fidagro), que a su vez se las había comprado a bancos, cooperativas y otros.

En un comunicado, los industriales destacaron que el proyecto amplía el funcionamiento del Fondo de Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fodemipyme), administrado solo por el Banco Popular.

¢100.000 millones. A disposición de los beneficiaros se pondrán unos ¢100.000 millones anuales, provenientes de nueve fideicomisos estatales creados en el pasado para apoyar sectores productivos. Entre ellos, el criticado Programa de Reconversión Productiva, a cargo del Consejo Nacional de Producción.

Otras fuentes son el 5% de la utilidades de los bancos públicos y el ‘peaje’ que aportan los bancos privados por tener derecho a captar depósitos en cuenta corriente.

Las políticas de uso de los dineros dependerán de un Consejo Rector que integrarán dos ministros, dos representantes de la Unión de Cámaras y uno de la banca estatal. Colaboró Mario Rojas