Jorge Obando

Seguridad ciudadana y judicatura

Abogado y consultor

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En la reciente apertura del año judicial, el presidente Arias pidió a la judicatura que buscara urgentemente, debido al problema delincuencial que estamos enfrentando, una fórmula que de respuesta al mandato de una justicia efectiva sin perjuicio del régimen de garantías y derechos fundamentales. Lo solicitado por el Presidente coincide plenamente con el modelo constitucional y penal costarricense, sin embargo pareciera que en su criterio tal modelo y la práctica cotidiana están divorciados. Sabemos que es consustancial al sistema penal la existencia de fuertes tensiones entre el régimen de garantías, por un lado, y la efectividad en la lucha contra el delito y protección de víctimas, por el otro. A mi entender lo que el Presidente, entonces, pidió fue que el modelo teórico se lleve con mayor consistencia a la práctica.

Estrategia de sistema frente al delito. La experiencia latinoamericana ha probado que de nada sirve una buena policía administrativa si hay fallas en el Ministerio Público; que de nada sirve una buena judicatura si hay fallas en la policía de investigación judicial; y que de nada sirven buenos defensores si las leyes penales no han sido actualizadas. O sea, no hay manera de dar respuesta a lo solicitado por el Presidente si las instituciones no logran coordinar su esfuerzo para resolver el problema delincuencial y si la reforma no es integral. La división de funciones del Estado también tiene un límite y es aquel que establece el deber de lo público, como un todo, de reaccionar efectiva y oportunamente frente a los problemas sociales.

Demandas de la sociedad. Por su parte la sociedad está demandando de las instituciones mejor y mayor protección tanto de los abusos del poder público como de los actos perjudiciales a los derechos de las personas perpetrados por otros ciudadanos. La sociedad también demanda de las instituciones certidumbre ya que muchos de sus derechos individuales, sociales y económicos se perciben como inciertos y relativizados mediante la opinión subjetiva de algunos jueces. Asimismo, la sociedad pide un muy inteligente protagonismo institucional por cuanto nuestra democracia está adquiriendo niveles de complejidad que no se están traduciendo ni en paz, ni en armonía social. Otra demanda social al Estado formal consiste en el respeto a la pluralidad por cuanto la diversidad de ideas y comportamientos de los habitantes de nuestro país pareciera no estar siendo de buen recibo por algunas autoridades ejecutivas y judiciales.

Respuesta institucional. Sin duda se necesitan nuevas leyes, pero tales reformas, asumiéndolas bien redactadas, no serán suficientes para satisfacer lo pedido por el Presidente y por la sociedad costarricense. Es así que además de buenas reformas legales se necesita el uso inmediato de nuevas tecnologías que incluyan bases de datos actualizadas y de acceso seguro, sistemas integrados de información, vigilancia en sitios públicos mediante cámaras y sistemas de seguimiento de casos judiciales que sean aprovechados al máximo por los operadores.

También se necesita una revisión del modelo constitucional del Poder Judicial y un verdadero traslado hacia la cultura acusatoria y adversarial incluyendo un manejo extendido de la oralidad. Asimismo urge un estatuto de los derechos del usuario del servicio público de justicia y continuar con la capacitación de fiscales, defensores, jueces, policías y peritos al punto que les permita extender y profundizar su conocimiento del Derecho (normas, jurisprudencia y doctrina), criminología y criminalística. Finalmente se necesita seguimiento social de las decisiones judiciales que ayude a convertirlas en muestras auténticas de justicia de calidad, y una prensa responsable y técnicamente adiestrada que informe de manera constructiva acerca de los sucesos delincuenciales. Adicionar personal sin estos cambios previos podría significar más de lo mismo y mayor deterioro del prestigio institucional.

Tratamiento integral. La petición del Presidente a funcionarios judiciales tiene sentido y coincide con el momento en que vivimos. Sin embargo la respuesta debe alcanzar a todo el sistema de justicia y seguridad ciudadana del país ya que el Estado es una unidad, aun cuando esté en lucha con sus entrañas para evitar que jerarcas conviertan su parcela en feudos, o que haya invasión entre las funciones o descoordinación entre ellas. De igual forma a los retos del sistema justicia-seguridad no se le debe dar un tratamiento de crisis, sino uno integral que enfrente y resuelva sus disfunciones estructurales. Finalmente, la estrategia de reforma institucional debe incluir la formulación de políticas públicas cuya efectividad se pueda evaluar a corto plazo y el incremento de espacios de ciudadanía para que además de mejorar la seguridad ciudadana, se restablezca la minada confianza pública en la gestión de fiscales, policías y jueces.