Crisis energética justifica medida, según Gobierno
Minae ejercerá potestad de autorizar plantas hidroeléctricas
Procuraduría dijo que concesiones son tarea de Congreso, pero Ejecutivo actúa
Medida evitará que este año se venzan cuatro contratos con cogeneradores
Mientras el abastecimiento y el precio del petróleo generan incertidumbre, Costa Rica está dejando que se venzan contratos con empresas locales que pueden producir energía más barata y limpia: la hidroeléctrica.
Con ese argumento, el Gobierno tomó la decisión de dejar en el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) la potestad de otorgar concesiones a las empresas cogeneradoras eléctricas, en lugar de esperar a que el Congreso realice esta tarea.
La medida se adoptó ayer en Consejo de Gobierno, para lo fue necesario apartarse de un dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR) que dejaba en la Asamblea Legislativa la potestad de otorgar esas concesiones, debido a un vacío legal.
“Esta decisión se toma en razón de la emergencia que significa para el país el riesgo de perder concesiones de agua. Es de interés público”, explicó el ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias.
El Minae, entonces, evitará que en este año se agreguen cuatro contratos a los cinco que se han vencido desde 1999, los cuales reducen la cantidad de electricidad de que dispone el país y obligan a comprar petróleo para poner a funcionar las plantas térmicas.
Este año se vence el contrato con las empresas San Gabriel, Matamoros, Hidrozarcas y Tapezco, según el Minae.
La electricidad proveniente del petróleo cuesta 10 veces más que producida a partir de agua, además de que es mucho más contaminante e inestable, aduce el Ejecutivo.
Si este año se dejan vencer contratos con cuatro cogeneradoras, el país dejaría de contar con 20 megavatios, casi el 1% de la capacidad instalada del país. Esos 20 megavatios son, a su vez, el 11% del aporte de generadores privados, que venden la energía al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
El presidente ejecutivo del ICE, Pedro Pablo Quirós, insistió ayer en la necesidad de aprovechar el potencial hidroeléctrico del país, pues ahora solo se usa el 19%, mientras que la cuota de producción con fuentes térmicas pasó del 2% a un 7% en los últimos seis años.
Por no haber invertido en la infraestructura que permita extraer el máximo de energía del agua de los ríos, el ICE gasta en combustible un monto equivalente al costo de una planta como Cachí, la tercera en importancia en el país.
“No debemos caer en el ridículo de tener plantas paradas por ahí por culpa de un vacío legal. Tenemos que usar cuanta planta haya en el país y dar la bienvenida a la cada kilovatio”, agregó el presidente ejecutivo del ICE.
FOTOS

Las empresas privadas aportan un 8% de la energía hidroeléctrica del país, pero requieren aval del Estado. archivo
Vacío legal
¿Quién debe dar las concesiones?
La conversión del Servicio Nacional de Electricidad (SNE) en la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos ( Aresep) dejó sin responsable legal la tarea de renovar las concesiones de aguas para explotación hidroeléctrica. Ante esa situación, la Procuraduría General de la República decidió el pasado 12 de diciembre confirmar su acuerdo del 12 de diciembre: que sea la Asamblea Legislativa la que dé las concesiones.
El Gobierno, sin embargo, estimó que el tema es urgente y que el Congreso no podría responder con la velocidad requerida. Por eso tomó ayer la decisión de ser el que concesione.
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