Sala IV estudia recurso de hombre que no reclamó Gordo a tiempo

JPS teme paralización de ayudas a albergues y asilos

 Junta prevé que Sala avalará plazo de 4 a 10 años para cambio de premios

 Hogares valoran reducir cupos y frenar mejoras en las plantas físicas

La Junta de Protección Social de San José (JPS) teme que la Sala IV paralice sus giros de dinero a hogares de ancianos, albergues para niños abandonados y personas discapacitadas, entre otros.

Esas transferencias, que el año pasado representaron ¢3.280 millones, provienen de los premios no cobrados de la Lotería, Chances, Tiempos y lotería instantánea (Raspaditas).

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La preocupación de la JPS surge porque la Sala acogió para estudio un recurso de amparo interpuesto por Rodrigo Zavaleta Umaña, pensionado de 85 años y vecino de Moravia, San José.

Zavaleta no pudo cobrar el premio de cinco pedacitos del Gordo navideño (¢67,5 millones) debido a que presentó el reclamo un día después de vencido el plazo de 60 días naturales fijado por la JPS.

El afectado, quien dice haber extraviado la lotería premiada, impugnó el período de caducidad con el argumento de que este fue establecido por un reglamento de la JPS y no por una ley.

Su amparo fue admitido para estudio el pasado lunes.

Consecuencia. Sergio Ramírez, presidente de la JPS, indicó que si la Sala IV da la razón a Zavaleta, habrá que ajustar el período de reclamo de los premios conforme a lo que dicta el Código Civil.

Ramírez señaló que si la lotería es considerada por los magistrados constitucionalistas como un título valor, entonces el período para cobrar los premios expiraría a los cuatro años.

El funcionario manifestó que en caso de que no se consideren un título valor, el plazo vencería en 10 años.

Indicó que, de confirmarse sus temores, la JPS tendría que suspender la repartición de premios prescritos, y retener ese dinero durante cuatro o 10 años.

“Las organizaciones tendrían que esperar ese tiempo para recibir los fondos y eso las afectaría mucho. El dinero estaría en el banco, pero el objetivo de la Junta no es que esos recursos ganen intereses sino que se invierta en obra social”, afirmó Ramírez.

Pero el jerarca de la Junta considera que Zavaleta posiblemente ganará el recurso de amparo.

“Se debe a una sencilla razón: el establecimiento de plazos de prescripción para cualquier derecho es un asunto de reserva legal, es decir, que solo por ley puede establecerse y nunca por reglamento (como lo tiene la Junta)”, admitió Ramírez.

Para la JPS, la salida a este problema es que los diputados fijen el plazo de caducidad mediante una ley. En este momento, no hay ninguna iniciativa en ese sentido.

Cierres. Eduardo Venegas, administrador del hogar de ancianos de Esparza, Puntarenas, sentenció ayer: “Si la Junta no puede entregarnos el dinero de premios prescritos tendremos que cerrar”.

Dicho centro atiende a 18 adultos mayores, y el aporte de la JPS representa el 35% de los ingresos.

Fabián Salas, administrador del asilo de Atenas, Alajuela, estimó que sin los ¢38 millones anuales que les da la Junta no podrán atender a los 68 ancianos que tienen.

Albino Bolaños, administrador del hogar de ancianos de Ciudad Quesada, dijo que los ¢39 millones que la entidad les dio el año pasado los usaron para pagar salarios, comprar ropa y comida.

“Si nos suspenden la ayuda no podremos ejecutar proyectos de mejora de la planta física ni recibir a más personas. Aquí atendemos 55 adultos mayores”, dijo Bolaños.

Rodolfo Zúñiga, administrador del hogar de ancianos de Alajuela, expresó su preocupación ante el posible fallo de la Sala.

“Durante el 2007 nos dieron ¢54 millones que los usamos para comprar medicamentos, alimentación y pagar planilla. Sin ese dinero habrá un gran desfase en las finanzas del hogar. Aquí atendemos 230 ancianos, de ellos 116 son de extrema pobreza”, puntualizó Zúñiga. Colaboraron los corresponsales Carlos Hernández, Jorge Esquivel, Francisco Barrantes y Ronny Soto.